El Gobierno espera que después del éxito organizativo de la cumbre de la OTAN, el debate sobre el estado de la nación que se celebrará del 12 al 14 de julio le permita también "coger aire" tras reveses como el sufrido en las elecciones andaluzas y ante un otoño difícil política y económicamente.
Se daba por hecho desde hace semanas que ese debate, que no se convocaba desde 2015, se fijaría para esas fechas, pero la comunicación oficial la ha hecho el Ejecutivo este viernes, un día después de clausurada la cita de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica.
Una cumbre que ha puesto el foco en la escena internacional aunque no ha impedido el protagonismo de asuntos de política doméstica como el nuevo choque entre los socios de coalición sobre el aumento del gasto en defensa y la pretensión de Estados Unidos de aumentar el número de destructores que tiene desplegados en la base naval de Rota (Cádiz).
Sánchez ya destacó la trascendencia de la cumbre para la buena imagen de España, y fuentes del Gobierno resaltan que ha servido también para poner en valor la figura del jefe del Ejecutivo.
"La unanimidad de los elogios a la organización del evento son un acicate a la tarea que está desarrollando", afirman a la vez que recuerdan y agradecen que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya sumado a las felicitaciones por el éxito de la reunión de Madrid.
Pero terminada la cumbre, la política interna recobra de nuevo pleno protagonismo antes del paréntesis del verano y el Gobierno confía que el debate sobre el estado de la nación le insufle aire.
Ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha confirmado las fechas del debate poco antes de que el Ejecutivo remitiera al Congreso la comunicación correspondiente.
El principal mensaje es que ha estado comprometido y lo seguirá estando hasta el final de la legislatura con facilitar "el bienestar de los españoles".
Hace mención el documento a los problemas derivados de la inflación a la vez que recuerda el decreto con las medidas que pretenden ayudar a superar sus efectos, y destaca la aprobación de los presupuestos de 2021 y 2022 como herramientas fundamentales para dotar de estabilidad institucional, certidumbre económica y cohesión social a España.
El aumento del gasto militar será uno de los escollos de la negociación que habrá en otoño para intentar sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos para 2023. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asumido que las negociaciones serán complejas no sólo entre los socios, sino con todos los grupos políticos, pero ha apostillado que nunca es sencillo.
Junto a las tensiones inflacionistas y el endurecimiento de las posiciones de los partidos al ver ya más cerca las elecciones municipales, autonómicas y generales, esas conversaciones para intentar sacar adelante las cuentas el Estado del próximo año auguran unos meses nada sencillos para el Gobierno a la vuelta del verano.
Pero en Moncloa se sigue confiando en llegar hasta el final de la legislatura, en diciembre de 2023, con el apoyo de los socios de investidura.
A ellos hará un llamamiento Sánchez en el debate sobre el estado de la nación para apostar por la estabilidad y mantener unas políticas progresistas que cree que son las que necesita España ante los retos y dificultades presentes y futuros.