El PP impulsará una ley en el Senado para desalojar a los okupas en 24 horas
- "Es un grave problema al que hay que plantar cara con un marco jurídico preciso, partiendo de la tolerancia cero hacia este fenómeno", señalan los populares
- Lo hace ante el incremento de este fenómeno en un 37% desde 2018, según los datos del Ministerio del Interior
El PP ha anunciado que su primera ley en el Senado será la Ley Antiokupación con la intención de establecer los mecanismos necesarios para el desalojo de viviendas en 24 horas.
Los populares se comprometen a llevar al primer Pleno de la Cámara Alta en este periodo de sesiones una proposición de Ley para luchar contra "la okupación ilegal" que es "un grave problema al que hay que plantar cara con un marco jurídico preciso, partiendo de la tolerancia cero hacia este fenómeno y la protección tanto de la propiedad privada, como de las personas en situación vulnerable".
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, explica que la iniciativa "nace de la preocupación de buena parte de la sociedad española" ante el incremento de este fenómeno en un 37% desde 2018, según los datos del Ministerio del Interior.
Como principal medida, la norma obliga al desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad judicial y, en caso contrario, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa.
También se impide que los okupas se puedan empadronar en la vivienda e incrementa las penas del Código Penal por okupación.
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El PP pretende así que "los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio".
Eso sí, dejando claro que "las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social nada tienen que ver con la okupación ilegal".
"A un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, sin que el Estado pueda trasladar a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos", apostilla.
