El Tribunal Constitucional acordó paralizar de forma urgente la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas por las que se buscaba modificar el sistema de elección de los candidatos al tribunal que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar que su "responsabilidad" es "limitar la capacidad de actuación del legislador cuando este exceda de los márgenes constitucionales".
Así consta en el auto que se ha dado conocer este miércoles, en el que se recogen los argumentos por los que el tribunal acordó el pasado 19 de diciembre estimar las medidas cautelarísimas que reclamó el PP en su recurso contra las enmiendas 61 y 62 incluidas en la proposición de ley por la que se planteaba derogar el delito de sedición.
En 29 folios, el tribunal argumenta que "la expresa voluntad del constituyente" le sitúa como "garante último del equilibrio de poderes constitucionalmente establecido, incluyendo por tanto la posibilidad de limitar la capacidad de actuación del legislador cuando exceda de los márgenes constitucionales (...) en el ejercicio de su irrenunciable responsabilidad constitucional".
Así las cosas, indica que "al legislador le corresponde respetar los límites materiales y formales del texto constitucional" y que al Tribunal Constitucional le corresponde "controlar, en su función de intérprete supremo, el cumplimiento de estos límites".
Al hilo, el tribunal recuerda que "la centralidad de las Cortes Generales en nuestro Estado constitucional no significa que el ejercicio de sus poderes esté exento o liberado de subordinación a la Constitución".
En este sentido, incide en que la Carta Magna "preside normativamente las actuaciones de todos los poderes públicos y, significadamente, la de aquel que asume la representación de la soberanía nacional".
"AFECTA LA CONSTITUCIONALIDAD"
En el marco del auto, además de pronunciarse sobre admisión a trámite del recurso del PP, el Pleno avisa de que la tramitación de las enmiendas impulsadas por el PSOE y Unidas Podemos afectan la Constitución.
Asegura que la cuestión planteada en el recurso "trasciende el mero enjuiciamiento de la vulneración del derecho de participación política de los recurrentes", pues considera que "la incorporación de las enmiendas 61 y 62 afecta indubitadamente al bloque de la constitucionalidad". El tribunal señala que con dichas enmiendas "están en juego las reglas de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y se modifica el sistema mismo de renovación establecido en la Constitución y consecuentemente la propia jurisdicción constitucional". Y sostiene que de haberse seguido adelante con la tramitación de dichas enmiendas se vulnerarían los derechos de los diputados del PP.
Bajo esta premisa, el Tribunal Constitucional acordó --6 votos contra 5-- estimar las medidas cautelarísimas que reclamó el PP en su recurso contra las enmiendas 61 y 62 --impulsadas por el PSOE y Unidas Podemos-- que fueron incluidas en la proposición de ley por la que se planteaba derogar el delito de sedición.
Fue la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Constitucional ordenó suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales. El Senado votó la proposición de ley por la que se deroga la sedición, pero lo hizo sin las enmiendas que recurrió el PP.