La ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, ha asumido este jueves ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la cámara y ha matizado las consecuencias jurídicas que a su juicio tiene la declaración de independencia unilateral (DIU) que fue aprobada el pasado 27 de octubre, y a la que se habría referido como "simbólica".
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que añaden que en esa misma línea han declarado el resto de exmiembros de la Mesa del Parlament que han sido interrogados hasta el momento, que son Lluís María Corominas y Lluís Guinó. Según otras fuentes presentes en la declaración, Forcadell ha defendido a lo largo de su declaración que siempre ha permitido el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre.
A su juicio, evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlamento, de la legalidad internacional y de los principios del Estado Democrático. Por ello, ha defendido que en todo momento ha cumplido con sus funciones como presidenta defendiendo la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados.
En respuesta a las preguntas que le han realizado los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal -esta última exfiscal general del Estado-, la presidenta del Parlament explicado que como presidenta no puede hacer un control de fondo de las iniciativas parlamentarias y que como presidenta no tiene reconocida ninguna libertad para impedir votaciones.
SÓLO CONTEMPLA VÍAS PACÍFICAS DE SOLUCIÓN
Sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional, ha defendido que este órgano a su juicio no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que en todo caso lo hace a posterior. Finalmente, y sobre sobre los incidentes ocurridos en Barcelona a raíz del denominado 'procés', Forcadell ha explicado que siempre ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos. Que la vía pacífica es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos.
Los parlamentarios están siendo preguntados por los actos que realizaron para facilitar los debates parlamentarios que culminaron con la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado 17 de septiembre por los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal. Las tres declaraciones restantes serán llevadas por los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, han apuntado fuentes del Ministerio Público.
La dinámica seguida hasta ahora por los parlamentarios ante el Supremo supone un cambio respecto a la estrategia seguida el pasado 2 de noviembre por los ocho exmiembros del Govern, quienes que se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público durante el interrogatorio al que les sometió la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que acordó contra ellos prisión preventiva.
