La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, ha abandonado pasadas las 14.10 horas la prisión de Alcalá Meco (Madrid) tras pagar la fianza de 150.000 euros que le impuso anoche el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Forcadell ha salido del centro penitenciario en un audi plateado en el que le acompañaban otras dos personas además del conductor, seguido de otro vehículo de escolta.
Esta mañana su abogado, Andreu Van Der Eynde, acudió sobre las 11.30 horas a la prisión después de pasar por el Tribunal Supremo y permaneció en el interior del centro penitenciario durante unas dos horas.
La presidenta del Parlament llegó ayer a Alcalá Meco alrededor de la medianoche en un turismo de color gris escoltado por un furgón de la Guardia Civil y ha permanecido de esta manera casi quince horas en la cárcel donde aún permanecen las exconselleras Dolors Bassa y Meritxell Borràs.
Una vez ha salido de la cárcel y por orden del juez, Forcadell deberá comparecer semanalmente en sede judicial y no podrá salir de España.
Esta mañana, su abogado ha entregado el pasaporte en el juzgado, tal y como le reclamó también el magistrado.
Llarena también le ordena que comparezca en el Supremo siempre que sea llamada y le advierte de que, si incumple esas medidas, irá a prisión.
El juez acordó anoche enviar a prisión bajo fianza a Forcadell por su liderazgo en el proceso independentista y después de desmarcarse de la vía unilateral para la independencia en el último turno de palabra.
LAS FIANZAS
Fuentes de la ANC han explicado que la totalidad de la fianza de Carme Forcadell se ha abonado con dinero de la 'caja de solidaridad' que la entidad, junto con Êmnium, puso en marcha para afrontar las fianzas y multas impuestas contra cargos soberanistas.
Esta caja de solidaridad empezó a funcionar a principios de año cuando se sucedieron varios procesos judiciales contra cargos soberanistas: desde los relacionados con la consulta del 9 de noviembre de 2014, hasta los vinculados con el Govern cesado y la Mesa del Parlament.
El objetivo de la entidad soberanista es afrontar también las fianzas del resto de miembros de la Mesa, y mantienen su campaña en las redes sociales para que los ciudadanos sigan abonando el dinero que consideren oportuno.
"Fianza pagada. No podrán con la solidaridad de todo un pueblo. Libertad", ha explicado la ANC en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, donde adjuntan el cheque que han hecho llegar al Tribunal Supremo con los 150.000 euros.
La ANC es capital en la trayectoria política de Forcadell: fue la primera presidenta de la entidad soberanista desde su nacimiento en 2012 hasta en 2015; a los meses de dejarlo concurrió a las elecciones catalanas con JxSí y ese mismo año fue designada presidenta del Parlament.
EL GOBIERNO VE UNA VUELTA AL ORDEN CONSTITUCIONAL LA DECLARACIÓN DE FORCADELL
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerado hoy que en las declaraciones de dirigentes independentistas como Carme Forcadell demuestran que "empieza a ser una realidad" la restauración del orden constitucional y la vuelta a la normalidad tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña. En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha sido preguntado por la declaración ante el Tribunal Supremo de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que acató el 155 y dijo que la declaración unilateral de independencia había sido simbólica.
Al portavoz del Gobierno le parecen "muy bien" que Forcadell y los otros miembros de la Mesa "hayan dicho que no van a hacer nada ni presente ni futuro que suponga una violación del orden constitucional". Según ha subrayado, la aplicación del 155 tenía como primer objetivo la restauración del orden constitucional y ahora se está viendo en la normalidad y cotidianeidad y en las declaraciones de dirigentes secesionistas que "empieza a ser una realidad".
También se ha congratulado de que Forcadell y el resto de miembros de la Mesa que declararon ayer acudieran al juez y respondieran a las preguntas del fiscal, "a diferencia de lo que han hecho quienes están huidos del país, eludiendo la acción de la justicia", y de los ex consellers que no quisieron responder a las preguntas de la fiscalía.
No obstante, ha admitido que las consecuencias del desafío soberanista "siguen ahí", como la división política y social en Cataluña, "con una descomposición de la convivencia y una fragmentación de la sociedad". Del mismo modo, ha insistido en que también continúa la inestabilidad institucional, la falta de seguridad jurídica, la incertidumbre y la desconfianza.
