El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que la anunciada reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo que fijará una serie de "supuestos" y no de plazos, como la actual, no significa que se vaya a restablecer la Ley del 85, sino que se va a desarrollar una nueva legislación que supere las deficiencias de las anteriores. "Los años que ha estado vigente una ley y otra nos tiene que llevar a redactar una que supere las deficiencias de una y de otra" , ha explicado en una entrevista concedida a la Cadena Cope.
Así, ha recordado la regulación del derecho a la vida y el derecho a la interrupción del embarazo es un asunto "sensible y profundo", por tanto, a su juicio, "lo más prudente es que todos manifestemos cual es nuestra opinión pero que no hagamos de esto un capítulo de vencedores y vencidos". "Aquí lo que tiene que vencer por encima de cualquier otra cosa es la protección del derecho a la vida que marca el Tribunal Constitucional, que marca nuestra propia Constitución conjugada con una regulación de aquellos supuestos en los que una mujer puede interrumpir sin reproche penal su embarazo", ha añadido.
GALLARDÓN: LA NUEVA LEY DEL ABORTO NO LLEVARÁ A NINGUNA MUJER A LA CÁRCEL
Por otra parte, ha negado que la ley que pretende el Gobierno de Mariano Rajoy incorpore la posibilidad de penalizar con cárcel a las mujeres que aborten que la ley anterior a la reforma socialista así lo hiciera. "No hay ninguna mujer en España ni con otra ley (en la cárcel por abortar), por lo tanto no dramaticemos las situaciones para llevarlas a extremos que ni se han producido en España ni con la ley que está vigente ni con la ley anterior ni naturalmente se van a producir con ninguna ley que apruebe este Gobierno", ha explicado.
Por lo tanto, ha asegurado que la nueva ley corregirá los defectos de aplicación de la anterior y no será una ley que lleve a ninguna mujer a la cárcel, "pero sí será una ley que en todo caso garantizará siempre los derechos del concebido". Asimismo, ha explicado que es necesario cambiar la ley actual porque "la anterior ley no funcionaba". "No respondía a lo que quiso el legislador. Una ley que diga que durante determinadas semana el concebido carece completamente de cualquier protección es contrario a lo que ha manifestado el Tribunal Constitucional", ha concluido.
EL GOBIERNO ANUNCIA UN PLAN PERSONALIZADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en su primera comparecencia en el Parlamento la elaboración de media docena de planes en relación con la familia, la infancia, la discapacidad, de emancipación juvenil y para combatir la violencia de género, junto a un Estatuto del Mayor. Mato ha avanzado la elaboración de un Plan Personalizado contra la Violencia de Género destinado a proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos menores de manera individualizada. "Pretendemos lograr una mayor cercanía a las mujeres que sufren malos tratos, así como una mayor eficacia y coordinación de los recursos", ha dicho la ministra, quien debatirá esta propuesta el 9 de febrero con los portavoces de Igualdad.
Ana Mato ha explicado las prioridades de su departamento, como la propuesta de impulsar un pacto social y sanitario en el primer trimestre del año. "El pacto va a ser para mí un propósito irrenunciable al que habrá que dedicar esfuerzo, lealtad y colaboración de todos", ha afirmado. Respecto a la violencia de género, la ministra ha asegurado que el Gobierno pretende lograr una mayor cercanía con las mujeres que sufren malos tratos, así como una mayor eficacia y coordinación de los recursos en materia de sensibilización social y prevención. Mato ha dicho que debatirá esta "prioridad" con los portavoces de igualdad el próximo 9 de febrero.
Ha insistido en el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la ley de Dependencia y ha ofrecido "diálogo para buscar un consenso más amplio" y para sacar este asunto de la "controversia política". Mato ha lamentado el "absoluto desfase" en las previsiones del número de dependientes y en la financiación y en relación con las expectativas de creación de empleo. "En vez de construir un sistema nacional como pilar de bienestar social, hemos construido 17 columnas distintas", ha dicho la ministra quien promoverá un acuerdo con las comunidades autónomas para establecer un catálogo de servicios sociales, un baremo y criterios comunes para determinar la capacidad económica de los usuarios. También ha planteado introducir en la financiación incentivos a la atención a través de servicios profesionales.
El Plan Integral de Apoyo a la Familia incluirá medidas de conciliación, reformas en la regulación del trabajo a tiempo parcial para hombres y mujeres, acciones para las familias numerosas y cambios en el sistema de protección de menores para facilitar los procesos de adopción y acogimiento. "Será fundamental la protección a las madres, especialmente a las jóvenes que se encuentren en situación de dificultad para que se sientan apoyadas en su maternidad", ha indicado. Además, revisará los impuestos que pagan las familias "con el fin de elevar la equidad fiscal".
Se ha comprometido a elaborar el Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2012-2015 y dentro de la estrategia sobre discapacidad el Plan de Acción 2012-2015, para impulsar un nuevo marco legal de promoción laboral. En el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, ha anunciado la puesta en marcha del Estatuto del Mayor "para que queden plasmados sus derechos frente a cualquier forma de discriminación, de violencia o de abuso y garantizada su participación social".
En el estatuto -ha señalado- se podrían abordar políticas para la consolidación de una jubilación flexible y voluntaria que permita trabajar más tiempo si se desea y compatibilizar trabajo parcial con pensión. El Plan Estratégico de Emancipación Juvenil coordinará las acciones para fomentar el empleo o para facilitar la vivienda, en régimen de propiedad o alquiler.
