El Consejo de Ministros abordará mañana una propuesta del Ministerio de Industria para recurrir la decisión de la Comisión Europea (CE) que obliga a España a devolver las ayudas del sector naval ante el Tribunal de Justicia de la UE y solicitar su suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso.
El titular de Industria, José Manuel Soria, ha recordado que Bruselas no puso objeciones al sistema de bonificaciones fiscales para la financiación de la construcción de buques (tax lease) hasta 2009 y que los astilleros, armadores e inversores siempre actuaron "en base al principio de confianza legítima".
El Ejecutivo comunitario dictaminó ayer que los beneficiarios de las ayudas deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, y no desde 2005, como se había planteado inicialmente.
Sin embargo, España, a pesar de que reconoce que la decisión final es mejor que las primeras propuestas, defiende que la devolución debe afectar a lo recibido desde 2011, momento en el que se puso la denuncia.
Soria, que ayer ya apuntó la posibilidad de llevar a los tribunales la decisión de la Comisión, ha anunciado que planteará al al Consejo de Ministros solicitar al Tribunal de la UE "que se establezcan medidas cautelares para suspender la devolución efectiva de esas ayudas mientras se sustancia el recurso".
GALICIA INSTA A PEDIR LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS
La posibilidad de solicitar una suspensión cautelar también ha sido apuntada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo, y por el Gobierno del País Vasco, las dos comunidades autónomas más afectadas.
Feijoo ha apostado también por "minimizar al máximo" los efectos de la devolución de ayudas si se rechazan la medidas cautelares y ha propuesto que Hacienda comience a calcular el menor impacto posible de la resolución en los inversores que participaron en la financiación de la construcción de buques entre 2007 y 2011.
LOS SINDICATOS MANTIENEN RESERVAS POR LA VÍA JUDICIAL
Los sindicatos, por el contrario, tienen reservas sobre la vía judicial. El representante de CCOO del sector naval, Ramón Sarmiento, ha señalado que el recurso "no es el método más oportuno" para dar seguridad jurídica a los armadores e inversores y que vuelvan a contratar nuevos buques.
Desde UGT, Diego Atanes ha pedido a Bruselas que establezcan una "herramienta financiera homologada" para el sector que asegure la igualdad entre los distintos Estados miembros dada la guerra comercial que existe entre los países.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha apuntado que la decisión de la Comisión causa inseguridad jurídica respecto a los astilleros europeos y sólo beneficia a los constructores de buques chinos y coreanos.
La patronal del sector, Pymar, ha confiado en que el Gobierno se esforzará para minimizar el daño causado y ha calculado que la resolución de Bruselas afecta a unos 200 buques.
No obstante, su presidente, Álvaro Platero, ha señalado que los inversores ya han sufrido un perjuicio "mediático" mucho mayor que el "pequeño beneficio" que obtuvieron con las bonificaciones, unas cantidades similares a las que habrían obtenido invirtiendo en bonos del Estado.
Por su parte, el titular de Competencia de la CE, Joaquín Almunia, muy criticado por ser su departamento el que propuso al Ejecutivo comunitario la sanción a España, ha asegurado que ha sentido "vergüenza" de cómo se ha jugado "con el miedo de la gente a perder su empleo" en este procedimiento.
Almunia ha lamentado que se hayan exagerado "hasta límites insospechados" las consecuencias de una decisión que tiene "como alternativa un sistema de apoyo a la construcción de barcos perfectamente legal y que cuenta con todas las bendiciones de la Comisión".
Para ayudar al sector a superar la situación, el alcalde de Vigo, una ciudad con gran presencia de astilleros, Abel Caballero, ha pedido que el ICO implante líneas de financiación para el sector naval.
IZQUIERDA PLURAL, PNV, BNG Y AMAIUR PIDEN LA COMPARECENCIA DE TRES MINISTROS
Los grupos parlamentarios de Izquierda Plural, PNV y BNG y Amaiur han pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Industria, José Manuel Soria; Economía, Luis de Guindos; y Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que aclaren las medidas que adoptará el Gobierno ante la decisión de la UE de obligar a devolver las bonificaciones fiscales al sector naval por el denominado 'tax lease'.
Las formaciones han registrado una petición conjunta con la que quieren conocer las medidas "de carácter urgente" que adoptará el Gobierno para "evitar el desmantelamiento del sector naval español, un sector estratégico y de alta innovación tecnológica".
Esta petición se produce después de que ayer la Comisión Europea pidiera a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011.
Las peticiones de comparecencia deben debatirse en la Diputación Permanente, que decidirá sobre la celebración de una sesión conjunta extraordinaria de las comisiones de Hacienda y Administraciones Públicas, de Economía y Competitividad y de Industria.Las instituciones europeas establecieron que las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
200 SON LOS BUQUES AFECTADOS POR LA RESOLUCIÓN DE BRUSELAS
El presidente de la patronal de astilleros privados Pymar, Álvaro Platero, ha cifrado hoy en unos 200 buques los afectados por la resolución de Bruselas y ha insistido en que confía en que el Gobierno minimice el impacto de la decisión comunitaria para que sea lo menos "dramática" posible.
"La letra pequeña la tiene que poner el Gobierno y no dudamos de que harán un esfuerzo para minimizar el daño que ya nos ha hecho este expediente en dos años de sequía contratadora", en los que los astilleros han perdido la construcción de 50 barcos (valorados en más de 2.000 millones de euros), ha afirmado Platero durante su intervención en el Forum Europa
