El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado con los votos de PSOE, PNV y CC el decreto ley de nuevas medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 3 de diciembre, rechazando la propuesta de PP, CiU y el resto de grupos de la oposición que la norma se tramitara como proyecto de ley para que pudiera introducir enmiendas.
La norma ha sido convalidad por los 177 votos que suman los socialistas y los nacionalistas vascos y canarios, mientras que el PP, CiU y UPN se han abstenido y el resto de formaciones votó en contra. En la siguiente votación, la de tramitación como ley, el PSOE sólo contó PNV y CC, ya que todos los demás partidos apoyaron la petición.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que la "senda de consolidación y reformas" bajo los principios de "coherencia y rapidez" que está siguiendo el Ejecutivo está dando "buenos resultados" incluso en "momentos de volatilidad" y "elevada incertidumbre" como los generados por la crisis irlandesa.
Críticas del PP ante las subidas de impuestos y recortes sociales
Sin embargo, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, señaló que su formación es "crítica" con el contenido de la norma porque es sólo un "elenco de medidas improvisadas e incoherentes" que siguen haciendo recaer el ajuste "en los elementos más débiles de las sociedad" y no suponen de ninguna manera las reformas estructurales que requiere la economía, aparte de que se queda "muy corto" en el apoyo a las pymes y empresas.
En ese paquete heterogéneo se incluye el incremento del impuesto especial sobre el tabaco, con el que el Ejecutivo espera recaudar 781 millones de euros y que mantendrán los precios del tabaco "en línea con la medida". Esta cifra compensará el impacto de las rebajas fiscales para las empresas, como la reducción del Impuesto sobre Sociedades para las sociedades de reducida dimensión, medida estimada en en 223 millones de euros, o la ampliación de la libertad de amortización de todas las empresas hasta 2015, con un coste recaudatorio anual de hasta 557 millones de euros.
También se incluye la exoneración del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para todas las operaciones societarias y la eliminación de la obligación de pagar cuotas a las Cámaras de Comercio, una medida que, según el Gobierno, supondría a las empresas un ahorro anual de 250 millones de euros, de los cuales 90 millones de euros repercutirán en las pymes.
También se privatizará Aena
Asimismo, la privatización parcial de organismos como Loterías y Apuestas del Estado (LAE) o del 49% de AENA, medida esta última con la que espera obtener alrededor de 8.906 millones de euros, según la estimación de su valor de mercado, aunque esta cifra podría reducirse a 2.707 millones descontada la deuda que arrastran.
Por último, la norma incluye también las polémicas reformas relativas a la jornada laboral de los controladores que fueron esgrimidas por este colectivo para justificar los 'plantes' que provocaron el cierre del espacio aéreo español en los primeros días del Puente de la Constitución y la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno.
Respecto a las medidas de corte laboral, centradas en la contratación de 1.500 nuevos orientadores de empleo para los servicios públicos de empleo y la prórroga, hasta diciembre de 2012, de la permanencia de los otros 1.500 orientadores que desde 2008 trabajan en estas oficinas, el coste estimado alcanza los 155,71 millones de euros entre el próximo año y el siguiente.
De hecho, el gasto en 2011 alcanzará los 48,94 millones de euros, una partida no incluida en los Presupuestos Generales del Estado, de los que 2,87 millones se destinarán a la transferencia de políticas activas de empleo al País Vasco, mientras que en 2012 el gasto se elevará hasta los 106,77 millones de euros, teniendo en cuenta que cada orientador supone 35.000 euros anuales.
El documento no aclara si se estudiará la prórroga de esta medida más allá de 2012, pero sí desliza que "puede servir de referencia para próximas actuaciones" ante el incremento de la demanda de estos servicios. Así, explica que mientras en 2009 se atendieron a 859.349 parados, hasta septiembre de 2010 la cifra ya había alcanzado los 710.068. Por último, el decreto certifica que De la misma forma, los funcionarios de nuevo ingreso se integrarán en el Régimen General y el Régimen de Clases Pasivas "quedará a extinguir".
