El Gobierno modulará a la baja e incluso suprimirá algunas de las tasas judiciales, según ha adelantado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en el Congreso, atendiendo así a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, con la que ha tenido ocasión de reunirse este martes.
"El Gobierno asume las recomendaciones del Defensor del Pueblo y articularemos los procedimientos legales adecuados para introducir esas recomendaciones en la legislación", ha asegurado el titular de Justicia, al mismo tiempo que ha indicado que intentará que la Ley de Justicia Gratuita entre en vigor "lo antes posible".
La Defensora del Pueblo, que tiene de plazo hasta el próximo día 21 para decidir si recurre ante el Constitucional la Ley de Tasas, ha hecho entrega al ministro de un escrito en el que le recomienda una "modificación sustancial" del sistema de tasas judiciales.
En el texto recomienda reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.
Asimismo, propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.
Por último, la Defensora recomienda devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.
RECOMENDACIONES SENSATAS
Según ha dicho Gallardón, el Gobierno asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo al entender que "son sensatas, están muy bien fundamentadas y consolidan el principio que es el que recoge la Ley de tasas, de un sistema mixto de financiación plenamente constitucional y que no sean sólo los contribuyentes con cargo a sus impuesto, sino también una parte de los litigantes los que financien la Justicia".
"El Gobierno va a establecer modulaciones a la baja en las tasas por recomendación del Defensor del Pueblo para supuestos concretos y en situaciones muy determinadas se nos ha pedido alguna reconsideración que el Gobierno está dispuesto a incorporar", ha indicado.
Entre las que podrían suprimirse figuran las tasas judiciales en casos de procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual. También podrían adelantarse algunas medidas que se han remitido a la futura Ley de Justicia Gratuita, cuya tramitación no se calcula hasta después del verano.
A su juicio, la Defensora del Pueblo "ha visto más cosas" y "mejor" de lo que el Ministerio estimó en un primer momento, y en todo caso sus propuestas solicitan modulaciones a la baja en las cuantías e introducen matices con respecto a la segunda instancia, pero en ningún caso modifican sustancialmente el proyecto del Gobierno si no que "lo enriquecen".
En este sentido, Gallardón ha remarcado que se mantiene el criterio de que el coste de la actividad judicial no debe ser con cargo a los contribuyentes sino que los litigantes deben participar en el mismo mediante el sistema de tasas.
ESTA SEMANA, UN PRIMER INFORME
El ministro ha asegurado que Justicia ya tenía intención de someter la ley de tasas con vistas a los presupuestos de 2014, pero ha aceptado hacerlo ahora, en el plazo más breve posible, con idea de que esté en vigor en septiembre. El Ministerio espera tener un primer análisis sobre tasas concretas este misma semana, el jueves o el viernes, y podría recoger los cambios en un decreto ley.
"Estamos trabajando directamente en el Ministerio y que las propuestas relacionadas con la modulación de la cuantía de algunas de las tasas, en relación con su aplicación en el orden jurisdiccional social y algo muy importante, la constatación de que la ley de justicia gratuita es un elemento complementario", ha dicho.
En cuanto a la preocupación sobre la tramitación parlamentaria de la Ley de Justicia Gratuita, un texto que considera "extraordinariamente beneficioso", se estudiará la fórmula para que algunos de sus aspectos anticipen su entrada en vigor.
