El Gobierno comprobará semanalmente que la Generalitat no financia el referéndum del 1 de octubre con dinero público, de modo que suspenderá las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si corrobora que eso ocurre, ha acordado hoy el Ejecutivo. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado de este punto abordado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
Dicho acuerdo está encaminado a "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto" para esa consulta "ilegal" sobre la independencia, ha dicho el también ministro de Educación antes de resaltar que se persigue, así, "garantizar el buen fin de los dineros públicos".
En rueda de prensa, y tras recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la disposición de la Ley de Presupuestos de Cataluña referida a la financiación del referéndum, Méndez de Vigo ha lamentado que, pese a ello, los promotores de la consulta continúen con la voluntad de celebrarlo, lo que genera "un riesgo para el interés general" e "incertidumbre económica". Así que, como medida preventiva, aunque de entrada en vigor inmediata, ha apuntado el ministro, el Gobierno exigirá a la Generalitat la remisión semanal de certificados individuales a una serie de cargos.
Serán los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, los encargados de informar al director general de Presupuestos y al de Política Financiera, Seguros y Tesoro. Según señala el acuerdo, el Ministerio de Hacienda se encargará de la verificación de la información que envíen dichos cargos y, si constatara que se está llevando dinero público a la celebración del referéndum, trasladará el asunto a las autoridades competentes. Asimismo, si se incumplen los requerimientos, el Gobierno aplicará "lo previsto" en el acuerdo de la Comisión de Asuntos Económicos del 15 de noviembre de 2015, el cual condiciona el desembolso del Fondo de Liquidez Autonómica.
Cataluña ha recibido de este fondo, desde 2012, más de 63.000 millones de euros; este año, la cuantía es, por ahora, de 3.600 millones.
Los "acontecimientos de las últimas semanas" en Cataluña han motivado en gran medida este acuerdo del Gobierno, ha reconocido Méndez de Vigo.
"El acuerdo de hoy es lo que es y es muy importante", se ha limitado a contestar al ser preguntado si esta decisión podría ser la antesala para, en un futuro, aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Méndez de Vigo ha insistido en que lo que ha dicho el Gobierno, desde el principio apoyándose en las sentencias del Tribunal Constitucional, es que cualquier destinado a ese referéndum ilegal "no puede ser pagado con dinero público".
En esta línea, ha dicho que, si siguen adelante con sus pasos, serán los independentistas quienes tengan que sufragar con su dinero ese referéndum.
Según sus palabras, el acuerdo de hoy es "una actuación preventiva a favor del bienestar y de la prosperidad de todos los catalanes", garantizando que el dinero que debe ir a servicios públicos no vaya a financiar un referéndum ilegal.
El portavoz, quien ha dicho desconocer si la Generalitat catalana había sido informada antes de este acuerdo, ha apuntado que no contempla la posibilidad de que las personas señaladas como responsables de remitir la información requerida no lo hagan, porque "los funcionarios cumplen la ley".
"Sería muy grave", ha advertido y ha dicho que las posibles sanciones dependerían de cuál fuera el tipo de conducta.
No obstante, ha admitido que hasta ahora todo han sido anuncios y que no hay ni siquiera una convocatoria oficial, porque "nadie ha firmado nada".
Ha aprovechado asimismo para hacer una nueva llamada "a la cordura" y al diálogo "sin fecha de caducidad" dentro de la ley y a evitar "la radicalidad del gobierno de la Generalitat, en manos de los extremistas más extremistas", donde se está viendo "una sucesión de purgas, de dimisiones".
"La obligación del Gobierno es que todos estos pasos fuera de la ley no tengan una subvención", ha recalcado.
EL GOBIERNO LLAMA AL PSOE Y AL PSC PARA INFORMALES
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, telefoneó este mediodía al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y al secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, para detallarles la medida que ha adoptado el Ejecutivo para impedir el referéndum independentista en Cataluña, según ha informado Servimedia.
Sáenz de Santamaría llamó al exlehendakari Patxi López, ya que es la persona que designó la nueva Ejecutiva socialista como interlocutor con el Ejecutivo para esta cuestión.
En paralelo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, conversó con Iceta para consensuar la posición de los socialistas ante esta medida, que creen que "no sirve para resolver" el conflicto soberanista en Cataluña. Los dos líderes socialistas, según fuentes de Ferraz, abogan por un "solución política" para este problema territorial, pese a que consideran que la medida del Ejecutivo está "dentro del Estado de Derecho".
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE LA GENERALITAT: "EL ESTADO ESPAÑOL NO ES UN ESTADO DERECHO"
El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado hoy al Gobierno de querer frenar el referéndum "colapsando administrativamente" al ejecutivo catalán y ha advertido de que el propio Estado se puede "embozar" si "corta el grifo" de la financiación a Cataluña.
Pere Aragonès ha calificado de "irresponsable" al Gobierno y ha asegurado que esta decisión se enmarca en una estrategia de "propaganda y amenaza". "Hay una clara discriminación ideológica por parte del Gobierno del Estado", ha denunciado Aragonès, que cree que éste "trata diferente" a los catalanes porque "votan de manera diferente a lo que ellos quieren".
"Esto demuestra que el Estado español no es un Estado de derecho ni respeta la libertad ideológica de los ciudadanos", ha incidido el secretario de Economía en declaraciones a los medios.
"Si el Govern quiere comprar urnas lo puede hacer perfectamente", ha apuntado Aragonès, que ha insistido en que el ejecutivo catalán cumplirá con el mandato de los ciudadanos y celebrará un referendo el próximo 1 de octubre.
El responsable económico del Govern ha recordado que la Generalitat, "de facto, está intervenida" desde que se acogió al FLA el año 2012 y que mensualmente tiene que hacer llegar al Gobierno un informe sobre el gasto. "Si tenemos que estar toda la semana preparando informes para ellos no nos dedicaremos a otra cosa", ha indicado Aragonès.
Informa: AGENCIAS
