El expresidente de la Junta de Andalucía y senador socialista, José Antonio Griñán, ha manifestado este jueves al término de su declaración en el Tribunal Supremo por los ERE irregulares en Andalucía que no hubo "un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude" y eso significa que "alguno de los controles pudo fallar".
Tras cuatro horas de declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, Griñan ha manifestado su satisfacción por poder explicarse en sede judicial y ha expresado su "rechazo" por todos los hechos irregulares que se han producido en torno a este asunto.
Según fuentes presentes en la declaración, Griñán ha negado haber conocido, porque no le fueron remitidos, los informes de Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían de irregularidades en los ERE fraudulentos y se ha desvinculado de la gestión de los gastos en ayudas socio-laborales.
El expresidente andaluz se ha expresado en términos muy técnicos a las preguntas que le ha realizado el instructor y ha distinguido entre la gestión de los presupuestos, que sí era de su competencia --respecto a la cual ha defendido el uso de las denominadas "transferencias de financiación"-- de la gestión del gasto, que no era de su responsabilidad sino de la Consejería de Empleo.
En declaraciones a los periodistas a su salida del Supremo, Griñán ha dicho estar "muy satisfecho" por haber podido declarar en sede judicial, algo que, según ha recordado, se produce "tres años después de haber comparecido en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que promovió el PSOE".
Griñán ha manifestado su "rechazo" a todos los hechos irregulares que se han producido en la ejecución de una partida presupuestaria y se ha mostrado "satisfecho" por "poder demostrar cómo la actuación de la Consejería de Hacienda y la Presidencia de la Junta de Andalucía fueron en todo momento conformes a derecho".
RESPONSABILIDAD DE LA CONSEJERIA
A la hora de referirse a la responsabilidad de la Consejería que dirigió entre 2004 y 2009, el expresidente andaluz ha incidido en que Hacienda "no es un órgano de fiscalización" sino que, "en todo caso", su cometido es de "presupuestación y recaudación", pero "nunca de fiscalización de otros departamentos". Así las cosas, ha subrayado que "la presupuestación" se hizo "correctamente" y que la cuestión pudo estar en "el modelo de ejecución del gasto", que es algo que "siempre le corresponde al departamento que tiene asignado el crédito" que, en este caso, sería la Consejería de Empleo. "Nunca a otro departamento y nunca a la Presidencia de la Junta", ha insistido.
Tras afirmar que durante su declaración ha contestado a "todas las preguntas", ha negado que "hubiera un gran plan (para defraudar)", como defiende la juez Mercedes Alaya, pero entiende que sí "hubo un gran fraude", lo que, según sus palabras, "significa que algunos de los controles pudieron fallar".
Griñán ha dicho que él recibió las memorias anuales, no los Informes de la Intervención, y que las primeras se elevaron al Consejo de Gobierno y se "instruyó" a la Intervención General para que "en caso de que no lo hicieran las consejerías destinatarias de esos informes o estimara que pudiera haber fraude en el estado de fondos públicos, elevara el informe de actuación".
En esas memorias, según ha reiterado, se decía "exactamente" que aquellos defectos que existían se iban a poner en conocimiento de las consejerías afectadas. El Gobierno andaluz le decía entonces a la intervención que, si no le hacían caso las consejerías o si estimaba que hubiera fraude, "efectuara un informe de actuación".
ASUNCION DE RESPONSABILIDADES
Por último, Griñán ha reflexionado sobre su situación, que ha calificado de "mala" para él y para su familia y ha añadido que, en su momento, ya asumió su "responsabilidad política" para no perjudicar al PSOE ni a la Junta de Andalucía.
Ante los periodistas, el expresidente ha asumido que ha vivido un "calvario" con su implicación en la causa pero ha añadido que confía en la Justicia.
La de hoy ha sido la segunda jornada de declaraciones de los exaltos cargos de la Junta aforados ante el Supremo después de que el exconsejero de Empleo y diputado José Antonio Viera, iniciara este martes las declaraciones.
Como ocurrió en la declaración del exconsejero José Antonio Viera, los abogados del PP no han podido estar presentes, ya que el instructor ordenó que la dirección letrada de la acusación popular corriera a cargo de Manos Limpias.
Las declaraciones continuarán la semana próxima y el martes, 14 de abril, le tocará el turno al expresidente y actual diputado nacional, Manuel Chaves.
