Ocho sindicalistas y un director bancario se encuentran entre el medio centenar de imputados en la nueva fase de la Operación Heracles contra las sobrecomisiones que cobraban los mediadores en los ERE fraudulentos, según informa un comunicado de la Guardia Civil.
La nota precisa que en esta segunda fase, desarrollada ayer mediante registros simultáneos en ocho provincias, fueron detenidas diez personas, se realizaron diez registros y se llevaron a cabo ocho requerimientos a entidades bancarias.
Fuentes de la investigación han informado de que los detenidos pasarán probablemente este jueves a disposición de la juez sevillana instructora de los ERE, Mercedes Alaya.
Esta segunda fase de la citada operación es fruto de la documentación recabada en la primera fase y se centra en las maniobras que llevaban a cabo los imputados para "distraer partidas de dinero identificadas como sobrecomisiones, de los fondos públicos asociados a subvenciones excepcionales vinculadas principalmente a expedientes de regulación de empleo".
ENTRAMADOS SOCIETARIOS
Entre los presuntos responsables hay mediadoras, aseguradoras, "conseguidores", entramados societarios creados para dar cobertura a las operaciones, un despacho de abogados como distribuidor de los activos obtenidos de manera irregular, sindicatos, empresarios y la Junta de Andalucía "como fuente de financiación de la que se surtirían las numerosas sobrecomisiones".
El objetivo de la segunda fase era "concretar determinados aspectos vinculados a los objetivos establecidos en la primera fase y esclarecer nuevos hechos derivados de estas nuevas investigaciones".
En concreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al director de una sucursal bancaria dentro de las investigaciones para determinar el papel jugado por empleados de oficinas bancarias "en relación a diferentes operativas vinculadas a blanqueos de capitales y los entramados ilícitos instrumentales".
También se pretende precisar el papel desarrollado por determinados responsables públicos de la administración andaluza en relación con la concesión de las referidas ayudas, precisa la nota.
En cuanto a la participación de dirigentes de organizaciones sindicales en los procesos de los ERE y su relación con las "asociaciones ilícitas" descritas en la primera fase de la Operación Heracles, fueron detenidos dos sindicalistas y otros seis fueron imputados, según la Guardia Civil.
LA GUARDIA CIVIL SE ENCAUTÓ DE 23.000 EUROS
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de la segunda fase de la operación 'Heracles' desarrollada este martes de manera simultánea en ocho provincias españolas, se incautaron de 23.000 euros durante el registro practicado en la vivienda de un imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
En este sentido, fuentes de la investigación han informado de que, durante el registro practicado en la vivienda en Gines (Sevilla) del presidente del consejo de administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, los agentes de la Guardia Civil se incautaron de un total de 23.000 euros, la mayor parte de ellos en billetes de 50 euros.
En el registro del domicilio de Antonio Manuel Bustamante, los agentes de la UCO contaron con la ayuda de dos perros detectores de dinero, tal y como se puede apreciar en un vídeo difundido por el propio Instituto Armado, quien ha citado a declarar como imputado al propio Bustamante a fin de que explique, entre otros aspectos, el origen de dicho dinero, todo ello a fin de concluir si el dinero tiene una procedente lícita o ilícita.
El presidente del consejo de administración de Surcolor, precisamente, está citado a declarar ante la propia juez el próximo día 24 de octubre, una citación que se produjo con anterioridad a la segunda fase de la operación 'Heracles', en la que la Guardia Civil ha detenido a diez personas, ha imputado a medio centenar y ha efectuado diez registros.
EN LIBERTAD EL EX DIRECTOR DE UN BANCO
La delegada de Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado la puesta en libertad del exdirector de una sucursal bancaria de la provincia de Jaén detenido en la tarde de este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la segunda fase de la operación 'Heracles' vinculada al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, aunque no ha sabido precisar sin con cargos o no.
Por el momento, son nueve los detenidos que "a lo largo de hoy o mañana serán puesto a disposición judicial", ha señalado.
TOXO VE IMPROPIO DE UNA DEMOCRACIA QUE SE DETENGA A SINDICALISTAS
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho que el modo en que se ha detenido a sindicalistas en Andalucía por el caso de los ERE "no debería tener cabida en un estado democrático" y ha instado a la juez Mercedes Alaya a que se sustancien "de una vez" sus actuaciones en el caso.
Toxo ha declarado que el hecho de que se esté dictando una "sentencia mediática" hace "muchísimo daño" que "en parte será ya irreparable", y ha reiterado su convencimiento de que su sindicato "no forma parte de ninguna trama vinculada a los ERE, ni en Andalucía ni en ningún otro lugar".
A su juicio "no es normal" que Roberto Carmona Soto, exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, a quien no ha nombrado, todavía permanezca en los calabozos de la Guardia Civil, sin que haya sido imputado y sin que haya prestado todavía declaración, después de ser detenido ayer en su casa "con gran despliegue de aparato, también mediático".
Una situación que para el secretario de CCOO en Andalucía, Antonio Carbonero, que ha hecho declaraciones junto a Toxo, "tiene mucho más que ver con las brigadas de la social al servicio de los tribunales de orden público de otros momentos que con un estado de derecho en el siglo XXI".
"Estas prácticas creíamos que estaban ya superadas en este país", ha dicho Toxo, que además ha recordado que "yo hoy no sé cuales son los cargos que se imputan a las personas que están detenidas y a las que han sido llamadas a declarar".
Además ha lamentado que los diarios estén "llenos no solo de relatos, sino también de opiniones" y en gran medida dictando una "sentencia de telediario" durante una fase del procedimiento que todavía es de instrucción, lo que "hace muchísimo daño, que en parte será ya irreparable".
Toxo ha explicado que los ERE no los ponen en marcha los sindicatos, sino las empresas, y que las centrales están legitimadas y obligadas a intervenir "por mandato de la Constitución", lo que "no puede ser confundido con pertenencia a trama alguna o acarreo de trabajadores para generar situaciones ficticias que en ningún caso existen".
