La organización Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe que España incumple su obligación de asegurar el derecho de las personas a la alimentación, lo que, a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, ha obligado a muchas de ellas a buscar ayuda no gubernamental.
El estudio publicado este jueves 'El fracaso de España en la protección de los derechos en medio del aumento de la pobreza vinculada a la pandemia' incide en que la inseguridad alimentaria y la pobreza son "problemas persistentes" en nuestro país.
Además de la seguridad social a nivel nacional, la investigación de la ONG también hace referencia a los sistemas de asistencia específicos de las ciudades de Barcelona y Madrid, así como de las comunidades autónomas a las que pertenecen estas dos ciudades.
Aunque desde HRW consideran que para paliar los efectos de la pandemia el Gobierno implantó programas de apoyo al desempleo y de asistencia "con buenas intenciones", estos se quedaron "cortos" debido a los defectos existentes en el sistema de seguridad social y el diseño de las nuevas formulas de ayuda.
Esto provocó, denuncian, que muchas personas siguiesen dependiendo de la ayuda no gubernamental para alimentar a sus familias y encontrasen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.
"La colas para conseguir alimentos en las iglesias, las asociaciones de vecinos y los centros comunitarios, con carros de la compra abandonados en filas ordenadas a la espera de la distribución, se convirtió en algo habitual", expone el estudio.
De este modo, decenas de miles de españoles que viven en la pobreza han sufrido dificultades para garantizar sus derechos a la alimentación, a la seguridad social y la asistencia social durante la pandemia, lamenta.
Las medidas tomadas por el Gobierno –el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los ERTE– no fueron suficientes para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, apuntan desde HRW.
El Ingreso Mínimo Vital, "aunque admirable", resultó "extremadamente difícil" de acceder debido a los estrictos criterios de elegibilidad y los requisitos de documentación, lo que derivó en que tres cuartas partes de las solicitudes fuesen rechazadas. Además, explica el informe, los niveles de ayuda son "inadecuados" para satisfacer las necesidades básicas.