El Ministerio del Interior subraya que las instituciones implicadas en el retorno de menores "obedecen y acatan" su paralización durante tres días y cree que la decisión judicial obedece a una "discusión técnico jurídica" sobre cómo aplicar el convenio con Marruecos de 2007 para devolver a los niños que entran solos a España.
Así lo ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en RNE quien ha vuelto a defender el "retorno asistido" a Marruecos de menores llegados a Ceuta en mayo y cuyo regreso a su ámbito familiar, social y cultural sea "la respuesta más óptima para garantizar su interés superior" y "siempre en beneficio del menor".
En este interés máximo hacia la infancia ha enmarcado el ministro el acuerdo que en 2007 firmaron España y Marruecos para solventar la situación de menores que salían no acompañados de ese país y "a los que había que devolver a su entorno, a su familia, siempre y cuando no existiera ningún riesgo para su integridad".
Por eso, tras reiterar que "como no puede ser de otra manera, respetan, obedecen y acatan" la decisión de un juzgado de Ceuta de paralizar cautelarmente durante 72 horas estos retornos de menores, Marlaska ha explicado que darán traslado de sus alegaciones a todas las instituciones implicadas y con las que su departamento mantiene una "coordinación óptima y muy razonable".
A juicio del ministro, la resolución de este juzgado responde a una "discusión técnico jurídica" sobre el procedimiento que se sigue en este retorno de menores en virtud del convenio firmado con Marruecos y que es diferente al "marco normativo general" con otros países.
Preguntado por otro auto judicial de Ceuta que este lunes cuestionaba que los expedientes de retorno no eran individualizados, Marlaska ha dicho que el ámbito de discusión es "precisamente el procedimiento que debe seguirse en aplicación del acuerdo de 2007".
"El ámbito de aplicación de ese acuerdo con un país en concreto donde existe una cuestión muy específica entre ambos que debe resolverse y que no existe con otros países. El procedimiento suficiente o adecuado en ese acuerdo es evidentemente un estudio de las circunstancias de cada uno de los menores y que la autoridad competente de la tutela determine si el interés del menor es ser o no retornado a su entorno familiar", ha enfatizado.
Respecto al malestar y las críticas expresadas desde Unidas Podemos y, en concreto, por sus compañeras en el Ejecutivo, la videpresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el ministro se ha limitado a reiterar que el Gobierno está trabajando de forma coordinada con todas las instituciones competentes.