El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha dejado en libertad con cargos a todos detenidos por participar en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, entre ellos a los altos cargos del departamento de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
Después de que ayer la Guardia Civil dejara en libertad con cargos a ocho personas, hoy el juez lo ha hecho otras seis, entre ellas Jové y Salvadó, de forma que las catorce personas detenidas anteayer por organizar este referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional están en libertad provisional.
En un principio, el juez imputa a todos los detenidos los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, aunque en las órdenes de detención la Guardia Civil atribuían a algunos de ellos el de sedición, castigado con penas de hasta 15 años de cárcel.
Tanto a Salvadó, que es también secretario general adjunto de ERC, como a Jové, ambos parte del núcleo duro del departamento de Economía que dirige Oriol Junqueras, les ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente.
Se da la circunstancia de que el gobierno catalán ha decidido hoy destituir a Jové como secretario general del departamento de Economía, en un intento de evitar que tenga que afrontar la multa de 12.000 euros diarios que le ha impuesto el Tribunal Constitucional.
Los seis detenidos que han pasado hoy a disposición judicial se han acogido a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. No han contestado, por tanto, ni las preguntas de la Fiscalía ni las del propio juez instructor, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.
Tras comparecer ante el juez, han quedado libres, también con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de servicios de T-Systems, y Pep Masoliver, director del área de información de la fundación Punt.cat.
También han quedado en la misma situación el responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Josuè Sallent, y el trabajador del Consorci d'Administració Oberta Juan Manuel Gómez.
En su causa, el magistrado investiga si el Govern ha gastado en los preparativos del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional los 6,2 millones de las dos partidas presupuestarias que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.
JUNQUERAS LES ESPERABA A LAS PUERTAS DEL JUZGADO JUNTO A VARIOS CENTENARES DE PERSONAS
Los detenidos por el referéndum del 1 de octubre que han comparecido este viernes ante el juez, se han reencontrado la tarde de este viernes con sus familiares y con el vicepresidente Oriol Junqueras, así como con miembros del Gobierno catalán y diputados del Parlament y del Congreso, a la salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde los esperaba una concentración con centenares de personas.
En el interior del recinto judicial han esperado a su salida Junqueras junto a los consellers Raul Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Meritxell Serret, así como el diputado del Congreso Joan Tardà (ERC) y el presidente de Êmnium Cultural, Jordi Cuixart, entre otros.
Al conocer su libertad, estos representantes públicos se han unido al grupo que esperaba fuera, formado por parlamentarios del PDeCAT, ERC y la CUP, así como el congresista Xavier Domènech (En Comú Podem), que han cantado 'Els Segadors' junto a los ciudadanos.
LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL PRESENTA UNA DENUNCIA POR SEDICIÓN POR LOS DISTURBIOS OCURRIDOS EN CATALUÑA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por sedición por los disturbios ocurridos en Cataluña durante la operación policial contra el referéndum del 1-O, en la que menciona expresamente a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
En la denuncia que suscribe el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, se detallan todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre y pide a la Guardia Civil que elabore un atestado para buscar a los autores.
Aunque la denuncia no va dirigida contra ninguna persona en concreto, en ella se apunta a la Asamblea Nacional Catalana como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios "conscientes de que dificultarían la intervención policial", haciendo un cordón frente a la consellería de Economía durante el registro de la Guardia Civil. En concreto, la denuncia señala que Jordi Sánchez pidió ante las 40.000 personas congregadas que nadie se fuera a casa.
Al presidente de Ómnium Cultural también le cita y lo sitúa subido, junto a Sánchez, encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien, precisa la denuncia, luego, al ver que no podía controlar la concentración, pidió a los manifestantes que se disolvieran.
"La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales", sostiene Carballo.
La denuncia de la Fiscalía ha recaído en el juez Ismael Moreno, el más veterano de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que ya instruyó una causa por ese delito contra un edil de la CUP y la archivó al no ver sedicioso el llamamiento que hizo en un pleno de Vic (Barcelona) a desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional.
