Junqueras pide al Supremo su absolución tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación
- Raul Romeva y Carme Forcadell también piden al tribunal del 'procés' que les absuelva
El ex vicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, así como el ex consejero Raul Romeva y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, ha solicitado este martes al Tribunal que le condenó a 13 años de cárcel e inhabilitación por el 'procés' que le absuelva como consecuencia de la revisión de condena que el Tribunal Supremo (TS) debe llevar a cabo a causa de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación.
"El texto del Código Penal vigente es más favorable, al no prever responsabilidad penal para ninguna de las conductas por las que recayó condena en su día", dice Junqueras en su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press.
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En consecuencia, su defensa pide al tribunal del 'procés' "revisar la condena impuesta a mi mandante y dictar resolución por la que se declare la inexistencia de responsabilidad penal por los hechos probados descritos en la sentencia de 14 de octubre de 2019".
El ex vicepresident vuelve a denunciar "una aplicación imprevisible y desproporcionada de la reacción penal a hechos que se producen en ejercicio de derechos fundamentales, derechos que han sido violados o indebidamente limitados para la consecución de fines distintos de los que habilitarían dichas limitaciones".
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Las alegaciones de estos tres condenados se suman a las formuladas este mismo martes por la defensa del expresidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, que ha asegurado en su escrito que la revisión de su condena por la reforma del Código Penal que deroga la sedición no "repara" lo que él considera que ha sido la vulneración de una serie de derechos fundamentales e insiste en que seguirá con su demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El tribunal del 'procés' deberá revisar las penas impuestas en 2019 para aplicar el Código Penal más favorable a los condenados, tal y como fija la propia norma en su artículo 2. Aunque el Supremo ha emplazado a las partes a que se pronuncien, será el tribunal --presidido por el magistrado Manuel Marchena-- quien decida finalmente cómo queda la sentencia.
