Junts pel Sí y la CUP aprobarán antes del eventual referéndum del 1 de octubre la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la principal de las llamadas "leyes de desconexión", prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia, crear un marco legal alternativo al español.
Según han explicado ambas formaciones en una rueda de prensa en el Parlament, la ley pretende dar la cobertura y el marco jurídico del periodo inmediatamente posterior a esa eventual victoria del 'sí', por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre y unas elecciones constituyentes, tras las cuales se aprobaría una "constitución catalana".
Así, JxSí y la CUP buscan dar con esta ley "la seguridad jurídica que queremos que haya en todo momento en este proceso y la transparencia, pues faltan 35 días para votar y con un periodo suficientemente largo de tiempo el ciudadano conocerá cuáles son las consecuencias de su voto, sea 'sí' o 'no'", ha afirmado el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas.
La ley consta de 89 artículos y pretende definir el marco jurídico de Cataluña entre la victoria del sí a la independencia y la celebración de elecciones constituyentes. Con ello cumplen un doble objetivo. En primer lugar, según explicaron ambos, los partidarios de la independencia podrán conocer antes de votar el escenario concreto del día después a esa votación.
Es algo que ya saben los partidarios del no , que quieren seguir con el marco jurídico actual, explicaron, y que conocen ese marco. Se trata de que quienes desean la independencia conozcan también los detalles de las normas que se aprobarían después del sí , las instituciones que se crearían y cómo se avanzaría hasta las elecciones constituyentes de la república catalana.
Se trata de una ley extensa y detallada, aseguraron, que cuenta con una disposición adicional suspensiva que la dejaría sin aplicación en caso de vencer el no el 1 de octubre. Por tanto, se aprobará antes de ese día pero solo entrará en vigor en caso de victoria independentista.
Ninguno de los dos comparecientes quiso explicar ante las cámaras ningún detalle de la tramitación de esa ley ni tampoco confirmaron si la norma que regula el referéndum del 1 de octubre se aprobará en uno de los primeros plenos de septiembre, antes de la Diada, ni con qué fórmula legislativa.
Salellas dejó claro que con esta ley pretenden también "dinamitar" cualquier intento de abrir posibles debates tras el sí a la independencia, ya que "el escenario está fijado y es absolutamente vinculado" y los responsables de la Generalitat tendrán que atenerse al contenido de esa norma y guiarse por ella hasta la celebración de las elecciones constituyentes.
Salellas aseguró además que la ley es también una apelación "al conjunto del país para que vaya a votar" conociendo las consecuencias concretas que tendría el respaldo a la independencia: desarrollar un proceso constituyente para "reformular lo que ha de ser la república catalana".
"No habrá ninguna vacilación", aseguró, la ley pone fin al proceso soberanista para dejar encarrillada la reformulación de esa república, y si los ciudadanos la respaldan "estamos preparados, sabemos qué y cómo lo haremos".
