El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han mantenido esta mañana una conversación a raíz de la presentación de la 'ley de transitoriedad jurídica' , según ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Oscar López. El dirigente socialista ha explicado que ambos se han comprometido a mantener una comunicación fluida y a instrumentalizar posiciones conjuntas ante el "desafío soberanista catalán".
Oscar Puente ha dejado claro que el PSOE se opone a este proceso independentista, que el 1 de octubre "no habrá referéndum" y que si finalmente hay algo no tendrá las garantías suficientes. Por lo tanto, ha dejado claro que el 2 de octubre "no habrá república catalana".
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, han hablado también sobre el asunto.
EL GOBIERNO: NUNCA ENTRARA EN VIGOR
Mientras, el Gobierno considera que no queda "ni un mínimo resto de sensatez" en la Generalitat de Cataluña y advierte de que la ley de transitoriedad que han presentado hoy JxSí y la CUP "nunca entrará en vigor" porque el Ejecutivo va a "hacer cumplir las leyes" y dará "respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar" el orden constitucional.
Así han reaccionado fuentes del Ejecutivo al conocer la presentación de la llamada 'ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república' y el anuncio que han realizado de que se aprobará antes del 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum de independencia, y de que sus promotores tienen intención de que entre en vigor si gana el 'sí'.
En este sentido, las citadas fuentes han considerado que hoy se produce una "paradoja" y es que mientras en París se reúnen cuatro de las principales democracias de Europa para "trabajar juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad", los independentistas "han aprovechado para presentar una iniciativa ilegal para tratar de desconectar a los catalanes de España y de Europa".
CS CREE QUE LA LEY DE TRANSITORIEDAD BUSCA "PASAR PÁGINA"
Por su parte, la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró este lunes que la 'Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República no es más que un intento de "pasar página" por la "vergonzosa imagen" que los independentistas dieron el pasado sábado en la manifestación en repulsa por los atentados en Cataluña.
Reprochó a los impulsores de esta ley de "opacidad", "improvisación", "nerviosismo" y "prisas" al no haber constancia de cómo se tramitará y por no haberla presentado ante la Mesa del Parlamento catalán.
Mostró su confianza en que el Tribunal Constitucional suspenderá todas las leyes que tengan como objetivo la independencia de Cataluña. "Por eso están tan nerviosos, porque saben que pararán esta tomadura de pelo", dijo.
Por último, afirmó que su presentación supone el final del proceso independentista y comentó que las elecciones son la "única salida" para poner fin a la situación política que se vive en Cataluña. Unos comicios, dijo, que contarán con "urnas de verdad" y que permitirán "cambiar de Gobierno pero no de pasaporte".
ALBIOL VE JUSTIFICADO APLICAR EL 155 ANTE UN POSIBLE "GOLPE DE ESTADO INSTITUCIONAL"
Mientras, el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, aseguró este lunes que consideraría plenamente justificada la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno si desde la Generalitat siguen adelante con el "golpe de Estado institucional" que implica la declaración unilateral de independencia.
Aseguró que los independentistas "no nos asustan con amenazas" de proclamación de la república, en primer lugar porque los hechos demuestran que más allá de anuncios no tramitan iniciativas que puedan tener consecuencias.
"Se lo piensan dos veces", dijo, porque saben que "si dan un paso en falso las instituciones del Estado de Derecho actuarán sin ningún tipo de contemplación ni miramiento".
Además, aseguró, esa ley no entrará en vigor "sencillamente porque no habrá república" ya que el Gobierno central no permitirá que en Cataluña "se violente la democracia y el Estado de Derecho".
