La Audiencia Nacional ha suspendido debido a la baja de un abogado la vista programada este lunes para estudiar los argumentos con los que las defensas de los acusados de los Comités de Defensa de la República (CDR) buscan anular su juicio por terrorismo, entre los que destaca la ley de amnistía.
Al inicio de la vista sobre los artículos de previo pronunciamiento (similar a las cuestiones previas), algunas defensas han solicitado el aplazamiento de este trámite al encontrarse un abogado de baja y no haber podido manifestar si se adhería a las peticiones planteadas por sus compañeros.
Tanto la Fiscalía como la acusación popular han abogado por continuar con el trámite, si bien el tribunal ha acordado suspender la vista y posponer así el estudio de los argumentos con los que las defensas piden anular su juicio al considerar vulnerados sus derechos.
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Solicitud de las defensas
Las defensas de los doce CDR procesados por terrorismo han señalado este lunes ante la Sala de lo Penal que la Audiencia Nacional que el procedimiento debe "paralizarse" a la espera de ver qué ocurre con la ley de amnistía porque "no se puede obviar que en seis semanas estará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y obligará al archivo sin llegar a juicio".
Así se han pronunciado el abogado Xavier Monge durante su intervención en la celebración de la vista para estudiar los argumentos de los letrados que pretenden anular el juicio por terrorismo contra los procesados, entre los que destaca la ley de amnistía 'al procés'.
"¿Vamos a seguir como si oyéramos llover, con derroche de esfuerzos y recursos? Se aconseja como mínimo prudencia", ha explicado Monge a la vez que recordaba que a juicio de las defensas la Audiencia Nacional "nunca" fue competente para investigar los hechos por los que les procesaron y que se les sustrajo el derecho al juez natural predeterminado por la ley.
Pero no es el único argumento que esgrimen; también denuncian falta de competencia de la Audiencia Nacional desde el primer momento para asumir la causa y acusan al juez instructor, Manuel García-Castellón, de "arbitrariedad".
Tesis que no comparte la Fiscalía, que se ha opuesto a los artículos de previo pronunciamiento planteados por las defensas, según fuentes consultadas por EFE.
A diferencia del caso Tsunami, el Ministerio Fiscal sí ha visto terrorismo desde el primer momento en la causa de los CDR y solicita entre 8 y 27 años de cárcel para los acusados, quienes considera que incurrieron en delitos como pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, o estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.