La Fiscalía de Madrid ha rechazado que haya indicios para investigar al juez Juan Carlos Peinado por presunta revelación de secretos en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, mientras que sí ha apuntado a una de las acusaciones por difundir presuntamente actuaciones secretas.
El ministerio público se ha opuesto a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admita a trámite la querella que interpuso el periodista Máximo Pradera contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y el jefe de prensa del TSJM, según informa la Fiscalía.
El periodista pedía abrir una investigación contra ambos por la presunta comisión de un delito de revelación de actuaciones procesales secretas y de revelación de secretos en el marco de la causa que el juez Peinado mantiene abierta contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La Fiscalía considera que la querella no aporta "prueba alguna" contra Peinado, pero, en cambio, sí que ofrece "bastantes" indicios para estimar que la conducta del letrado de la acusación popular que ejerce la organización Movimiento de Regeneración Democrática, Aitor Guisasola, sí pudo incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional.
La Fiscalía ve "indicios claros" de que Guisasola pudo incurrir en el artículo 466 del Código Penal, que castiga al abogado que revele "actuaciones procesales declaradas secretas" con una multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación de uno a cuatro años.
No obstante, apunta que esa eventual investigación no estaría atribuida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Fiscalía tampoco ha visto delito contra el jefe de prensa del TSJM, al considerar que las notas de prensa divulgadas "no revelan el contenido de las actuaciones, ni comprometen la investigación, y se limitan a dar cuenta de hitos procesales a fin de facilitar una información neutral y objetiva en un asunto de evidente interés mediático".
Al margen de esta querella, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene pendiente decidir si admite a trámite las que presentaron la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno, y Begoña Gómez contra el juez Peinado por un presunto delito de prevaricación.