El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha sostenido este lunes que sería "positivo" que se procediera a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como le recomendó la Comisión Europea hace un año, antes de que España asuma la Presidencia de turno de la UE el próximo 1 de julio.
En un acto en Madrid organizado por la World Jewish Association (WJA) en el que estaba presente el Rey Felipe VI, Reynders se ha referido a la importancia de la defensa del Estado de derecho y en particular al informe sobre esta cuestión publicado el año pasado por Bruselas, en el que por primera vez se hicieron recomendaciones específicas a los estado miembro.
En el caso de España, ha indicado, "recomendamos proceder con la renovación del Consejo General del Poder Judicial como cuestión prioritaria e iniciar de forma inmediata tras la renovación un proceso para adaptar la designación de sus jueces que tenga en cuenta los estándares europeos".
"Sería positivo implementar la recomendación antes del inicio de la Presidencia española del Consejo de la UE en julio", ha defendido el comisario de Justicia, precisando que en el informe de este año sobre la materia, que se publicará precisamente ese mismo mes, se evaluará cómo se han atendido las recomendaciones.
En todo lo relativo al Estado de derecho y a los desafíos a que se enfrenta, ha dicho Reynders, la Comisión Europea siempre intenta entablar primero un diálogo con el Estado miembro concernido, "pero desafortunadamente el diálogo no siempre trae resultados".
Por ello, Bruselas opta por un "enfoque dual" sustentado en el diálogo y, cuando es necesario, "acciones decisivas". Así, ha añadido, "podemos lanzar procedimientos de infracción y en último término recurrir al Tribunal de Justicia de la UE". Esta primera opción ya se ha empleado con Polonia, ha recordado.
Asimismo, existen nuevos instrumentos, como la condicionalidad de los fondos. En este sentido, ha dicho, Bruselas lanzó un procedimiento de condicionalidad presupuestaria contra Hungría el año pasado, lo que bloqueó fondos de cohesión para este país. Además, se han establecido una serie de hitos en el caso de ambos países relacionados con esta materia que se deben cumplir para que reciban fondos europeos para sus respectivos planes de recuperación.
Por otra parte, Reynders se ha felicitado por el hecho de que gracias a estos informes, que ha defendido que se elaboran de forma transparente y equitativa, han llevado a "reformas positivas del sistema judicial" en algunos estados miembro, como fue el caso de Luxemburgo y su reforma constitucional.