La mayoría de jueces y fiscales piden que García Ortiz dimita por el daño reputacional a la Fiscalía
- Solo la Unión Profesional de Fiscales y Juezas y Jueces para la Democracia defienden que el Fiscal General del Estado no debe dimitir tras ser imputado por el Tribunal Supremo
- El Colegio de Abogados de Madrid que promovió la denuncia como salvaguarda del derecho constitucional de defensa, lo considera "un hecho extraordinariamente singular, anómalo y sin precedentes"
La mayoría de la carrera fiscal y de las Asociaciones judiciales piden que Alvaro García Ortiz dimita por el daño reputacional que su imputación por parte del Tribunal Supremo supone al conjunto de la Fiscalía.
Tanto la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han coincidido en pedir la dimisión del fiscal general del Estado tras ser imputado por revelación de secretos y así evitar un "daño reputacional" a la carrera fiscal.
Por contra, la Unión Profesional de Fiscales (UPF), de carácter progresista, ha mostrado su discrepancia con la argumentación con la que el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra Álvaro García Ortiz, Señala que ello "en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia" y defiende su actuación en la causa por la que ha sido imputado.
En declaraciones a EFE, la presidenta de la Asociación de Fiscales , Cristina Dexeus, ha considerado "irrespetuoso con la institución" que García Ortiz haya anunciado ya que no va a dimitir y considera que tendría que "reflexionar más" porque el daño reputacional "le trasciende a él".
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Como ejemplo de esa falta de credibilidad en la que, a su juicio, queda la Fiscalía, ha expuesto que el fiscal al que corresponda hacerse cargo de esta causa no dejará de ser un subordinado del imputado, dada la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal. Es una situación que nunca se había producido, ha señalado.
Entiende, ha dicho, que pueda ser "doloroso" renunciar a un cargo cuando estás convencido de tu inocencia, pero considera que también lleva consigo "asumir determinados costes", como sucede en este caso, en el que se investiga la presunta difusión de datos "reservados" del procedimiento abierto a la pareja de Díaz Ayuso por presunto delito fiscal y falsedad documental .
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En el lado opuesto, la Unión Profesional de Fiscales (UPF), respalda la postura de García Ortiz y defiende como él que la nota informativa a través de la que la Fiscalía presuntamente reveló datos reservados sobre el procedimiento abierto por un presunto fraude fiscal a la pareja de la presidenta madrileña "se enmarca en la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz" como establece el Estatuto del Ministerio Fiscal.
El objetivo, recuerda, era "aclarar las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación con anterioridad a dicha nota. Sin aportar o revelar ningún dato que no fuera ya conocido por la opinión pública".
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Por ello hacen "un llamamiento público a la prudencia y a la moderación, al respeto a las personas, a su presunción de inocencia y a la función constitucional ejercida por los fiscales.
Por su parte, Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), sostiene que la imputación de García Ortiz "da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio, que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal". "En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito·, apunta esta asociación en una nota de prensa.
Para APIF, "tras conferirle el Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, el estatuto de investigado, a nuestro juicio, ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público"."No es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier Fiscal y en cualquier asunto", insiste esta asociación.
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Asimismo, buena parte de las Asociaciones Judiciales avisan del "enorme daño" a la institución que provoca la imputación por parte del Tribunal Supremo de Alvaro García Ortiz.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la mayoritaria en la carrera judicial-- y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han advertido este miércoles sobre el "enorme daño" que provoca al Ministerio Público la "imagen" de un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Es lamentable el enorme daño que causa a la institución y a la labor que cada día desempeñan en este país los fiscales, comprometidos con el principio de legalidad y con los valores constitucionales", ha dicho la presidenta de la APM, María Jesús del Barco.
Interrogada sobre si cree que García Ortiz debería dimitir, ha señalado que " el respeto a las instituciones tendría que estar por encima del interés personal" y se ha planteado "por cuánto tiempo puede mantenerse esta situación, que sólo perjudica la imagen de la Fiscalía y la labor de los fiscales en nuestro Estado de Derecho".
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva. "Hoy es un día triste para la Justicia de nuestro país porque por primera vez en la historia tenemos a un fiscal general del Estado con la condición de investigado en un proceso penal", ha dicho en un comunicado.
Oliva ha manifestado que, "con independencia de proclamar la presunción de inocencia que todo investigado tiene en cualquier procedimiento penal, es oportuno y necesario hacer una reflexión sobre lo que supone tener un fiscal general del Estado investigado en nuestro país". "Es cierto que hay miles de fiscales que hacen su trabajo de la mejor manera posible, pero la imagen que se traslada a la ciudadanía con un fiscal general del Estado investigado puede ser perjudicial para aquellos que dudan de la independencia e imparcialidad de nuestros fiscales", ha considerado.
Por ello, ha instado a "seguir con las recomendaciones de la Unión Europea y profundizar en la necesaria independencia e imparcialidad de la Fiscalía General del Estado como única manera de recobrar el prestigio que tenía".
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Desde el Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo ha subrayado, que respetando la presunción de inocencia, desde la óptica institucional "si mañana la presidenta del Consejo General del Poder Judicial fuese imputada por revelar datos reservados que conocía por razón de su cargo, muy posiblemente pediríamos su dimisión, para salvaguardar la imagen de la institución", ha apostillado.
Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha indicado que su asociación judicial no cree que García Ortiz deba dimitir porque no hay nada previsto al respecto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
EL COLEGIO DE ABOGADOS LO CONSIDERA UN HECHO ANÓMALO
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha considerado que la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "representa un hecho extraordinariamente singular, anómalo y sin precedentes", y anuncia su determinación de perseverar en el ejercicio de la acción penal como parte personada en esta causa.
La entidad que preside Eugenio Ribón promovió el procedimiento que ha derivado en la imputación de García Ortiz al entender que se había producido una presunta vulneración del derecho de defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al revelar la Fiscalía datos "reservados" sobre el procedimiento en el que se le investiga por delito fiscal y falsedad documental.
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En un comunicado oficial, la Junta del ICAM destaca "la gravedad del caso y su impacto en el derecho constitucional de defensa", y celebra que el Supremo haya constatado "la existencia de los indicios racionales de delito que ya denunciara el propio Colegio, al señalar la posible infracción del deber de sigilo profesional que pesa sobre el Ministerio Fiscal".
Según el ICAM, el Supremo ha corroborado su tesis de que "esta vulneración indiciaria ha tenido una grave afectación sobre el derecho de defensa" y se ha reafirmado en su determinación de no permitir que ninguna violación de los derechos de nuestros colegiados quede impune”.
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Respecto a la causa que abre ahora el Supremo al fiscal general, el Colegio de la Abogacía de Madrid asegura que trabajará para contribuir "al completo esclarecimiento de los hechos y a la depuración de las responsabilidades que pudieran existir".
El ICAM lamenta asimismo la "imagen preocupante" de la Fiscalía que proyecta la apertura de esta investigación a su máximo representante. “A pesar de esta situación, el ICAM destaca que la Fiscalía está integrada por casi 2.700 profesionales "excepcionalmente cualificados, con una inmensa vocación de servicio público y una inquebrantable defensa de la legalidad".
