El juez que instruye la causa abierta por el procés, Pablo Llarena, ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva, así como del expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania, todo ellos procesados por rebelión.
Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", el procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en su ejercicio mientras dure la situación de prisión.
Esta medida afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), al igual que a Puigdemont, pero no al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín, que tiene pendiente recurrir en reforma y en apelación el auto de procesamiento.
Llarena considera "obligado" comunicar al Parlament que los seis diputados procesados "han quedado suspendidos en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de proceder la Mesa a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad a la previsión legal", si bien el juez no apercibe en su escrito a la cámara catalana en caso de incumplir este dictamen.
El instructor explica que la medida de suspensión es automática y deja al Parlament la posibilidad de que los procesados suspendidos pueden ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.
En su auto de conclusión de sumario, el juez recuerda que se trata de una medida provisional, que quedaría sin efecto en caso de que no se les acusara de rebelión o quedaran en libertad provisional, lo que supondría la inmediata reactivación de sus derechos.
COMÍN EXCLUÍDO
El único diputado procesado por rebelión y con una orden de entrada en prisión provisional que se queda fuera de la suspensión de cargo público es el exconseller Antoni Comín, fugado en Bélgica. Llarena no le suspende porque acepta su petición - a la que se sumó la exconsellera Meritxell Serret- de dejar sin efecto la firmeza del auto de procesamiento, cuando alegó que no fue tenido por parte hasta el pasado 5 de junio y que, como no se le había notificado desde entonces dicho auto ni recibido tampoco declaración indagatoria, el procesamiento no podía ser firme para él.
Una vez que ya han comparecido en el procedimiento, Llarena les permite recurrir en reforma y en apelación su procesamiento.
La suspensión decretada por Llarena puede abocar a un nuevo conflicto en el Constitucional toda vez que el Parlament dispone de un artículo en su reglamento que regula las causas de suspensión de sus parlamentarios y que su presidente, Roger Torrent, sopesa desoír la decisión del Supremo y no ejecutar la suspensión.
El artículo 25.1 dice que diputados pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios, previo dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados, si es firme un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral "y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados".
EL GOVERN Y EL PARLAMENT CONSIDERAN LA DECISIÓN DE LLARENA UN NUEVO INTENTO DE ALTERAR LAS MAYORÍAS
El Govern ha denunciado hoy que la suspensión de seis diputados decretada por el juez Pablo Llarena, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, pretende "alterar mayorías" en el Parlament, mientras que el grupo de JxCat ha pedido que sea la Cámara quien decida si aplica esa suspensión.
Unos minutos antes de conocerse la decisión de Llarena, la consellera y portavoz del Govern, Elsa Artadi, al término de la reunión de Govern, ya había denunciado un interés en "seguir alterando las mayorías parlamentarias que surgieron de las urnas el 21-D" a través de la suspensión de los diputados soberanistas. Fuentes del ejecutivo catalán consultadas por Efe posteriormente han indicado que ven esta decisión de Llarena como "una nueva vulneración de los derechos de los diputados" afectados.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha criticado este martes la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de suspender de cargo público a seis diputados, entre ellos al expresidente Carles Puigdemont, y le ha acusado de querer "adulterar las mayorías parlamentarias". En declaraciones desde el Quebec (Canadá), donde se encuentra participando en la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía, ha defendido que a los afectados por la resolución del Supremo se les imputan "delitos inexistentes, acusados a través de un relato falso que intenta atribuir una violencia que no ha existido nunca".
Torrent no ha desvelado si la Cámara aplicará el auto del juez: "Esta resolución no es firme, pero cuando la tengamos analizaremos su contenido en la Mesa --el órgano rector de la Cámara-- y a través de los mecanismos que tiene el propio Parlament para actuar en casos como este".
