Miles de policías y guardias civiles se han manifestado hoy en Madrid convocados por la asociación Jusapol en demanda de una equiparación salarial "real", al considerar que el acuerdo que se firmó el año pasado refleja una cantidad insuficiente y además no se cumple, lo que supone "reírse" de 140.000 familias, según ha dicho el presidente de ese colectivo, Natan Espinosa.
El acuerdo rubricado entre Interior y varios sindicatos y asociaciones profesionales en marzo de 2018 planteaba un proceso de equiparación gradual de las condiciones económicas de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas, que se desarrollaría a lo largo de tres años, 2018, 2019 y 2020, por un importe total de 807 millones de euros.
La manifestación de hoy ha congregado a más de 100.000 personas según los organizadores, que la consideran "multitudinaria" y "un éxito", y 19.000 según la Delegación del Gobierno, que ha recabado datos policiales. Han llegado un centenar de autobuses de diferentes provincias españolas, encabezados por un gran tráiler.
La marcha ha arrancado pasadas las doce desde la Puerta del Sol y ha acabado en el Congreso de los Diputados y ha contado con la presencia del secretario general del PP, Teodoro García Egea; el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
Bajo la lluvia y en un ambiente festivo, estos tres políticos han sujetado la pancarta principal de la marcha con la leyenda "Equiparación ya. Justicia es voluntad".
Los congregados han coreado consignas a favor de la equiparación salarial y de la unidad entre policías nacionales y guardias civiles, entre banderas de España y sonoras pitadas y bengalas de colores. También paseaban un globo gigante con forma de zepelín.
El presidente de Jusapol, Natan Espinosa, ha explicado a los medios que, como ya criticaron desde el inicio, el acuerdo firmado en 2018 "deja fuera a 13.000 compañeros de reserva y segunda actividad".
También deja "cinco brechas salariales", como las jubilaciones, las pagas extras y la asistencia a los servicios jurídicos, según Espinosa.
