El PP ha registrado una proposición de ley urgente en el Congreso para que el Tribunal Constitucional tenga capacidad sancionadora si se incumplen sus sentencias, una iniciativa que es la "evidencia", afirma, de que "nadie va a aprobar la independencia de Cataluña".
Se trata de una proposición de ley que han presentado hoy en el Congreso tras su registro el portavoz del grupo Popular, Rafael Hernando, y el candidato del PPC a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, Xavier García Albiol.
La iniciativa, que se ha registrado por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobada en lo que queda de legislatura, persigue también que el Tribunal Constitucional pueda sancionar a las autoridades o personas que incumplan sus resoluciones, e incluye la posibilidad de suspenderlos en sus funciones, además de imponerles multas de entre 3.000 y los 30.000 euros.
García Albiol ha asegurado que la proposición de ley es la "garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y es un mensaje muy claro" a los que quieren romper Cataluña del resto de España para que sepan que "la broma se ha terminado".
Cuatro son los artículos de la ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional que va a cambiar el PP con esta reforma. Recoge así, entre otras cosas, varios tipos de sanciones en caso de que se incumplan resoluciones del Tribunal Constitucional, que van desde multas coercitivas de entre 3.000 y 30.000 euros a particulares, empleados públicos o autoridades, a la suspensión en sus funciones de los responsables públicos.
También incluye la "ejecución sustitutoria" de las resoluciones, y en este caso el Constitucional puede pedir al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de dichas sentencias.
Para los casos en los que se incumplan decisiones del Tribunal Constitucional como la suspensión de actuaciones o disposiciones en "circunstancias de especial trascendencia constitucional", se permite al tribunal de oficio, a instancias del Gobierno, tomar las medidas necesarias para el cumplimiento "sin oír a las partes". Y además, en este último caso, se da un plazo de tres días para comunicar a las partes y al fiscal y para que el Tribunal Constitucional dicte resolución.
La proposición de ley modificaría la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, según García Albiol, va "en contra de aquellos que "pretenden saltarse las reglas del juego", no respetan las decisiones de los tribunales y quieren "romper" Cataluña. Es, ha añadido, "la forma más clara de demostrar que no lo van a conseguir".
Según ha explicado Hernando, con el trámite de urgencia se pretende que el pleno del Congreso vote la toma en consideración de esta proposición la semana del 14 de septiembre y después vote el texto legislativo el 29 de septiembre, dos días después dos días después de las elecciones catalanas.
A continuación, la proposición de ley pasará al Senado, para que, en el caso de que se introduzcan enmiendas, pueda volver a tiempo al Congreso y ser aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura, ha explicado Rafael Hernando.
Xavier García Albiol ha pedido a todos los grupos parlamentarios del Congreso que apoyen la iniciativa, un reclamo que ha dirigido especialmente a Unió Democrática de Catalunya (UDC) y al PSOE.
EL GOBIERNO CATALAN DICE QUE ES UNA PROPUESTA ELECTORALISTA Y PODRÍA SER INCONSTITUCIONAL
La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha rechazado este martes que la propuesta del PP de reformar el Tribunal Constitucional que considera electoralista y podría ser "inconstitucional". Lo ha dicho en rueda de prensa tras el Consell Executiu.
Munté interpreta que el PP reacciona así al proceso soberanista con "represión, endurecimiento de multas y posible suspensión de funciones", y ha dicho que es el Estado el que está incumpliendo sentencias.
Más allá ha ido el portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Senado, Josep Lluís Cleries, que ha denunciado este martes que la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el PP para que pueda suspender a gobiernos que incumplan sus sentencias es "el mayor ataque a la democracia que se ha producido desde 1978".
"Si nos quieren a todos delante de los tribunales iremos, pero defenderemos nuestra patria", ha avisado el portavoz de CDC en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, tras afirmar que el 27 de septiembre Cataluña celebrará "elecciones plebiscitarias".
El secretario de Acción Política y Ciudadana del PSOE, Patxi López, ha acusado al PP de hacer una "utilización partidaria de las instituciones", de "deslealtad" e "irresponsabilidad" absolutas. López ha asegurado que el PSOE no va a apoyar la reforma.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado este martes la propuesta del PP de reformar el Tribunal Constitucional para que pueda suspender a gobiernos que incumplan sus sentencias. A su juicio, los 'populares' presentan esta iniciativa "a última hora" y después de toda una legislatura en la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha permitido a la Generalitat de Cataluña no cumplir las leyes.
"Tarde y mal. Me hubiera gustado que el Gobierno hiciera cumplir las sentencias desde el primer minuto como a cualquier ciudadano", ha defendido Rivera en la primera rueda de prensa de la nueva ejecutiva de Ciudadanos sobre la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el PP.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias tambien lo rechazaba. "Si de lo que hablamos es de la estructura territorial del Estado, pensamos que hay que apostar por la hermandad y por la fraternidad de los diferentes pueblos que componen un país, que nosotros entendemos como plurinacional", ha afirmado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado. "Nosotros apostamos por la fraternidad", ha reafirmado.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que nadie tiene "nada que temer" de la proposición presentada por el PP para otorgar capacidad sancionadora al Tribunal Constitucional, salvo que incumpla la ley, porque lo único que hace es "fortalecer" el marco constitucional. "Es garantizar el principio a la tutela judicial efectiva también en el ámbito constitucional y, si todos estamos dispuestos a cumplir la ley y las sentencias de los tribunales, pues nada hay que temer a este tipo de disposiciones, que lo que hacen es fortalecer el marco constitucional", ha dicho en los pasillos del Senado.
