El PSOE no descarta recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de reforma sanitaria aprobado por el Gobierno, al igual que podría hacer la Junta de Andalucía, por entender que es una "agresión" a los derechos constitucionales y que puede "vulnerar las competencias" de las comunidades autónomas. Así lo ha anunciado hoy la secretaria del Política Social de este partido, Trinidad Jiménez, en una rueda de prensa en la que ha exigido al Ejecutivo que "responda hoy mismo" sobre si los españoles de 27 años que queden fuera de la unidad familiar y las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social seguirán recibiendo atención sanitaria.
Jiménez ha denunciado que el Gobierno ha dejado "en el aire" a estas personas al exigir cotizar en este país para ser titular de la tarjeta sanitaria, excluyendo así a los inmigrantes en situación irregular o que no pagan impuestos.
El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha aseverado que "no hay ética política que justifique dejar sin tratamiento a personas que pueden morir", en alusión a los inmigrantes a los que el 1 de septiembre se les retirará la tarjeta sanitaria.
Por todas estas razones, el PSOE estudia "cuáles son las repercusiones sobre el ordenamiento jurídico español" de este decreto y se mantiene "a la espera" de lo que decida la Junta de Andalucía para decidir si lo recurre ante el Constitucional.
Lo más grave, para Martínez Olmos, es "el daño a la salud" que se está causando a la población con el copago farmacéutico en función de la renta, que obliga a los pensionistas a pagar al menos 8 euros al mes de lo que gasten en medicamentos.
Para demostrar los problemas que esto puede acarrear, ha puesto como ejemplo el caso real de un hombre de 67 años, enfermo crónico y polimedicado, cuyo gasto en medicinas es de 243 euros al mes. Este paciente, jubilado y que cobra 600 euros mensuales, tendrá que pagar 24 euros cada treinta días de los que el Gobierno le devolverá 16, en un proceso de reintegro de gastos que se producirá cada seis meses. Esto le obligará a adelantar el 4 % de su pensión, por lo que "puede decidir no adquirir algunos de esos medicamentos", lo que "descompensará su enfermedad" y le llevará al hospital, donde tendrá que ser atendido con el consiguiente "mayor gasto" para el Sistema Nacional de Salud.
"El Gobierno sube un 1 % las pensiones a los jubilados pero les quitará el 4 % de su pensión para pagar medicinas", ha denunciado el ex secretario general del Ministerio de Sanidad.
Olmos ha puesto en duda que 16 comunidades estén de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno y ha sugerido que este decreto responde a "un autopacto de la ministra Ana Mato con su propio partido".
Los dirigentes socialistas han coincidido en denunciar que "ni un solo euro" del copago irá dirigido a la Sanidad sino a conseguir los objetivos de reducción del déficit público, algo que, si no se logra, conllevará nuevos recortes sin que mejore este servicio.
El portavoz socialista también se ha referido a la posibilidad de que el planteamiento "xenófobo" del Gobierno reduzca el turismo en España, porque los extranjeros encuentren "más atractivos" otros países ante "tanta traba" para recibir asistencia sanitaria en España.
Para el PSOE, la reforma sanitaria del Gobierno es "absolutamente inaceptable" y entraña una "extraordinaria gravedad" al cambiar un "modelo de salud universal" por otro de "aseguramiento de los ciudadanos" en función de su renta.
