Presupuestos, independentismo e inmigración, los grandes retos del Gobierno ante el inicio del curso político
- El Gobierno sondea a todos los partidos pero ve "complicado" aprobar los Presupuestos
- Junts traslada al Gobierno que no son socios y esperará a la posible vuelta de Puigdemont para decidir sobre las cuentas.
Comienza un nuevo curso político marcado por la dificultad del Gobierno en sacar adelante los presupuestos, después de tenerlos prorrogados ya el año pasado. La financiación autonómica, la inmigración y la corrupción son las otros grandes problemas a los que deberá enfrentarse el Ejecutivo.
El Gobierno de coalición lleva meses sondeando a las distintas formaciones para presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la Cámara Baja, aunque ve "complicado" el apoyo de los independentistas.
El Ejecutivo inicialmente tiene hasta el próximo 30 de septiembre para presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como se ha comprometido, al asegurar su portavoz, Pilar Alegría, que se hará "en tiempo y forma".
El desacuerdo por la financiación autonómica marca el arranque del curso político
Por este motivo, fuentes socialistas confirman que "se está sondeando a todos los partidos, excepto a Vox" para ver qué prioridades exigen que el Ejecutivo incluya para su aprobación.
No tiene los apoyos asegurados
Sin embargo, el Ejecutivo es consciente al mismo tiempo de que no tiene los apoyos asegurados. La duda viene principalmente de los dos partidos independentistas, Junts y ERC.
"Somos conscientes de que todavía no tenemos los apoyos", sostienen fuentes gubernamentales. Otras fuentes de La Moncloa ven "difícil" y "complicado" que estas dos formaciones les den su apoyo cuando ahora mismo están centrados en los congresos internos que celebrarán en septiembre y noviembre, respectivamente, para renovar sus direcciones.
A esto se añaden una serie de desplantes por parte de las dos formaciones, como el voto en contra de Junts en julio a la senda de estabilidad presupuestaria, que marca los objetivos de deuda y déficit, y que representa la antesala para la aprobación de las cuentas públicas.
Por ello, el Gobierno deberá registrar de nuevo este primer paso en la Cámara Baja y negociar con el resto de grupos parlamentarios para que, esta vez sí, logre su aprobación.
Financiación de Cataluña
A esto se suma también el desplante por parte de Junts al Gobierno con su voto en contra, junto a PP y Vox, de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería por la que el Ejecutivo pretendía establecer por ley el reparto entre las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados.
La diputada de Junts en el Congreso Marta Madrenas i Mir quiso dejar constancia de que no son socios del Gobierno de coalición, tal y como el PP les reprochó este pasado martes en la Cámara Baja.
"No somos socios de este Gobierno. Solo nos interpelan Cataluña y los catalanes. No sé a qué se debe esta vocación suya de siempre irnos uniendo cuando saben que no es así", afirmó la dirigente.
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Por su parte, los republicanos de ERC tampoco garantizan su apoyo, tras el desacuerdo por la interpretación que hacen los socialistas del pacto fiscal que sirvió para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Para los socialistas es una financiación singular y para ERC es un concierto económico y, hasta el momento, nadie ha abandonado sus posiciones.
Una posible segunda prórroga
Desde el Gobierno asumen que "no pasa nada" si se prorrogan los actuales Presupuestos, ya que "los de 2023 son nuestros", esgrimen fuentes de Moncloa. Sería la segunda prórroga consecutiva y la sexta en diez años.
Según el Ejecutivo, los Presupuestos vigentes ofrecen margen de gasto al contar con el apoyo de los fondos europeos y desmienten que "se acabe el Gobierno, como quiere hacer ver el PP".
Sin embargo, las mismas fuentes insisten en que "nosotros lo vamos a intentar" y, entonces, "la pelota estará en el tejado del resto de grupos, que tendrán que explicar el sentido de su voto", zanjan.
Ley de Extranjería
El desafío de la inmigración será otra de las claves en este nuevo curso político.
El viaje de Pedro Sánchez a África para intentar atajar la crisis migratoria, lejos de atajar el problema, ha creado una enorme confusión entre su socio de Gobierno.
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Tanto Yolanda Díaz como el ministro Ernest Urtasun han hablado de "error". Podemos advierte a Sánchez que con este argumentario les tendrán en frente y el PNV le recuerda que por devoluciones en caliente ya Europa le llamó la atención.
por su parte el Partido Popular señala que llegar a un pacto migratorio con el PSOE es prácticamente imposible por la, dice, improvisación del Gobierno.
El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha defendido la regulación de los 500.000 migrantes en situación irregular que viven en España prevista en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuya tramitación fue aprobada en el Congreso de los Diptuados en abril.
"Hay que darles una salida, faltaría más", ha argumentado Sémper en pleno debate por la crisis migratoria, a la vez que ha reprochado al Gobierno sus "bandazos e improvisación" en esta materia.
El dirigente popular ha defendido este "modelo" de hacer política "buscando el acuerdo y el entendimiento" frente al del Gobierno de "patada para adelante, el de ir viendo a ver qué pasa, el de voy a Senegal y digo una cosa y la contraria".
Sémper ha reiterado las críticas al ejecutivo tras la gira del presidente por África. "Es todo relato y este Gobierno lo que provoca es inestabilidad en materia migratoria", ha argumentado Sémper, quien ha acusado a Pedro Sánchez de "generar un efecto pernicioso" en los países de origen de la inmigración irregular.
En su opinión "hay que responder con eficacia pero también con humanidad a este fenómeno" y se ha mostrado seguro de que "estos dos elementos son compatibles".
