El primer Pleno del Congreso de 2014, celebrado este miércoles ha tenido en el aborto su tema central. El presidente del Gobierno, la vicepresidenta, la ministra de Sanidad y el de Justicia han tenido que afrontar preguntas de la oposición al respecto. Aunque Mariano Rajoy ha reconocido "puntos controvertidos" y Alberto Ruiz Gallardón defiende un "debate en profundidad", en el Grupo Socialista, Izquierda Plural y BNG dicen que no servirá para nada y exigen la retirada del texto.
El primero en afrontar esta cuestión ha sido el presidente del Gobierno, que tras un debate de casi cuatro horas sobre la política española en Europa, ha contestado a una pregunta de la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila que en la reforma "hay algunos puntos que sin duda alguna son controvertidos" y ha afirmado que el objetivo es lograr "una ley que sirva a la mayoría de la sociedad".
"El Gobierno está dispuesto a hablar con usted y con todos aquellos que tengan una opinión en este asunto en el que sería bueno llegar a algún tipo de entendimiento para evitar que como se ha hecho en otras ocasiones se rompa unilateralmente el consenso", ha contestado a la diputada, tras reiterar que el anteproyecto se encuentra en fase de consulta y "se va a someter a debate".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tenido que responder a la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, también sobre este asunto, aunque esta vez la cuestión, que inicialmente era el por qué los ministros competentes no han comparecido aún para dar cuentas del anteproyecto de reforma, ha derivado en las posiciones personales de cada uno al respecto. "Hay otros ciudadanos y mujeres que no tienen por qué pensar igual que usted y pueden debatir. La diferencia entre usted y yo es que yo no denigro sus posiciones y sin embargo usted insulta a todos lo que no comparten la suya. Sólo desde el respeto se puede construir el consenso en este tema y en cualquier otro", ha afirmado Sáenz de Santamaría tras afirmar, que no todo el socialismo estaba cómodo con la ley de plazos vigente.
En cuanto a la ministra Ana Mato, su respuesta a la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Carmen Montón, ha venido a reiterar lo que ya había pronunciado en otras ocasiones, que es "partidaria de que las jóvenes menores de 16 años que se tuvieran que enfrentar al aborto lo hicieran acompañadas de sus familias" y que, personalmente, prefiere "una legislación basada en supuestos y no en plazos".
RUIZ GALLARDÓN: NO HAY NINGUN DERECHO ABSOLUTO
El ministro Alberto Ruiz Gallardón, impulsor del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada ha afrontado, además de una pregunta parlamentaria planteada por la número dos del PSOE, Elena Valenciano, una interpelación instada por la portavoz de Igualdad de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras.
En su respuesta a Valenciano, que planteaba "qué necesidad hay" de modificar la normativa vigente, Gallardón ha contestado que no existe ningún "derecho absoluto" y ha criticado que los socialistas están "enganchados a un feroz y radical individualismo" con intención de "que sus derechos no tengan límites y se puedan ejercer de una forma absoluta al margen del derecho del concebido y no nacido". "Yo no tengo ningún derecho absoluto respecto a usted porque mi derecho termina cuando empieza el suyo (...) Están enganchados a un feroz y radical individualismo, lo que pretenden es que su derecho no tenga límites y que se pueda ejercer de una forma absoluta al margen del derecho del concebido y no nacido y esto no es lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional", ha afirmado en el Pleno del Congreso.
Más tarde, en la recta final de la sesión, contestaba a la interpelación de Izquierda Plural asegurando que la ley se va a "debatir en profundidad con el respeto que merece el tratamiento de los derechos fundamentales que afecta". Según ha dicho, la reforma proyectada es "profundamente humanista y profundamente respetuosa con los derechos del concebido y de la mujer" y la oposición es "poco comprensiva" y "no tiene ningún interés en comprender el sentido del anteproyecto", que además, responde a "un acto de puro compromiso democrático".
EL PSOE SUBE EL TONO
Las diputadas socialistas que han intervenido a lo largo del Pleno han elevado el tono del debate al apelar a la conciencia de las diputadas socialistas y mujeres que integran el Gobierno. Lo ha hecho Carmen Montón, cuando ha acusado a Ana Mato de perpetrar una "traición de género y una traición a todas las mujeres" y lo ha extendido a sus compañeras de escaño bajo amenaza de que "pesará sobre sus biografías" el haber votado a favor de la reforma.
En esta línea, Soraya Rodríguez ha instado a la vicepresidenta a expresar públicamente su opinión personal sobre la reforma y dejar de estar "callada", tras dirigirse a ella como la "vicepresidenta muda". "No sé si es que no tiene posición política o fuerza política para defender sus posiciones en el Consejo de Ministros", ha dicho la diputada ante el Pleno del Congreso.
Valenciano, por su parte, ha pedido al ministro que "guarde el anteproyecto en el cajón y elabore uno que proteja a las mujeres que ya han nacido", tras recordarle que en apenas 20 días de enero han muerto asesinadas en España seis mujeres en delitos de violencia de género. Según ha dicho, por mucho debate que haya y por mucho que cambie la reforma en su tramitación, "no valdrá" porque materializa "la posición de una minoría que jamás ha tolerado la autonomía de las mujeres".
Ascensión De las Heras, de Izquierda Plural, ha centrado su interpelación en que la reforma "insulta" a las mujeres, porque "modifica su capacidad de decidir tratándolas como incapacitadas o locas y dejando la decisión en manos de terceros" por unos "valores morales hipócritas". Ha terminado su intervención con un poema de Gabriela Robledo, 'Otro sí', sobre el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, para acabar diciendo al ministro que las ciudadanas apelarán ante su ley.
Desde el BNG, Olaia Fernández ha denunciado que el Gobierno "está haciendo una interpretación torticera" de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el aborto, pues su sentencia al respecto "reconocía derechos a la mujer" y ahora el Ejecutivo "ha decidido pisotearlos en favor de un bien jurídico a proteger". "Incluso niega el derechos a las mujeres a ser sujetos de responsabilidad", ha afirmado.
