La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, se ha desmarcado ante el juez de la organización del 9N y ha defendido que la consulta fue estrictamente montada por más de 40.000 voluntarios, que también se encargaron de gestionar los centros educativos que acogieron las urnas.
Según han informado fuentes judiciales, Rigau ha estado declarando esta mañana durante cerca de una hora ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril, imputada a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por la consulta alternativa del 9N, en que se la acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
Rigau, defendida por los abogados Miquel Roca, Jordi Pina y Andres Maluenda -del despacho Molins & Silva-, se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía alegando que no entiende que los fiscales del TSJC consideraran en un informe que no había delito en el 9N y, a los dos días, presentaran la querella por indicación de la Fiscalía General del Estado.
En una breve alocución antes de empezar el interrogatorio, la consellera ha afirmado que no alcanza a comprender que esté imputada por obedecer al mandato del Parlament y escuchar las urnas, y durante su declaración ha insistido en que la consulta alternativa del 9N fue organizada por voluntarios, a diferencia de la original convocada por el Govern y suspendida por el Tribunal Constitucional.
En su intervención inicial, la consellera ha insistido en que no tiene conciencia de haber desobedecido ninguna orden o indicación del Constitucional, ya que ella personalmente no recibió advertencia alguna en relación con la suspensión de la consulta alternativa.
Rigau ha afirmado, además, que entre el día 4 de noviembre en que el TC suspendió la consulta alternativa y el propio 9N, no firmó ninguna resolución relacionada con la votación, y ha dicho no entender por qué motivos se le imputa un delito de malversación cuando ningún miembro del Govern ni terceros se han enriquecido con el proceso participativo.
La consellera ha recalcado que, una vez el Constitucional suspendió el decreto en el que Mas convocó la consulta, el Gobierno de la Generalitat decidió "parar máquinas", de forma que toda la organización de la misma quedó exclusivamente en manos de voluntarios y sin colegios electorales propiamente dichos.
En ese momento, ha apuntado, otras fuerzas políticas criticaron a Mas por no seguir adelante con la consulta suspendida, al tiempo que le empujaban a no acatar las órdenes del Constitucional, mientras desde el Estado se emprendía una "caricaturización" del proceso participativo alternativo.
Rigau se ha desvinculado también de la reunión que la directora de servicios territoriales mantuvo con directores de institutos que iban a acoger las urnas el 9N y ha asegurado que, en todo caso, ese encuentro se convocó a petición de esa responsable del Departamento a raíz de las numerosas llamadas que recibió de profesores que preguntaban cómo debían actuar el día de la consulta.
Según la consellera, que ha insistido en que no pudo dar instrucciones para la convocatoria de la reunión porque ella misma no las recibió, en ese encuentro se remitió a los responsables de institutos a la web "Participa" en la que los voluntarios coordinaban la gestión de los centros educativos.
Respecto a la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que aseguró que se sintió presionada para que su centro acogiera la consulta, Rigau ha reconocido que se contactó telefónicamente con ella para preguntarle si iba a entregar las llaves y que, al negarse, se optó por colocar las urnas en otro colegio cercano.
Para Rigau, la prueba evidente de que ella no dio orden alguna en relación a la organización del 9N es que no forzó la apertura de ese instituto de L'Hospitalet, como podría haber hecho al ser de un centro de titularidad pública. La consellera ha alegado también que los ordenadores que se utilizaron en la votación en los centros educativos fueron adquiridos a cargo de una partida de gasto corriente de Enseñanza, dado que su destino era precisamente determinadas escuelas.
En la línea de defensa que Mas ya apuntó en una entrevista tras su imputación, la consellera ha afirmado que el TC no respondió cuando la Generalitat le pidió que concretara qué actos había suspendido en su resolución del pasado 4 de noviembre, por lo que no se puede hablar de desobediencia a su resolución.
En ese sentido, ha señalado que la Abogacía del Estado no presentó recurso contra la consulta alternativa del 9N hasta días después de que se organizara la votación como un proceso organizado por voluntarios, una demora que, en su opinión, pudo provocar que el TC no llegara a tiempo para responder al requerimiento de concreción del gobierno catalán.
La declaración de Rigau, como la del resto de imputados, ha sido grabada en vídeo y su defensa ha pedido que las imágenes no sean pixeladas, como se suele proceder en los interrogatorios a los testigos. La defensa de la consellera ha anunciado, además, que la semana próxima presentará un escrito en el TSJC para pedir que archive la querella del 9N.
EL MINISTRO DE JUSTICIA DEFIENDE A LA FISCALÍA Y DICE NO ENTENDER A RIGAU
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la labor desempeñada por la Fiscalía en Cataluña para investigar posibles delitos en la consulta alternativa del 9N y ha asegurado que no entiende "los comentarios" en contra de aquella por parte de la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto de entrega de premios de la Fundación Manuel Broseta, Catalá ha sido preguntado por la declaración de Rigau como imputada en el Tribunal Superior de Justicia catalán.
Rigau se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía alegando que no entiende que los fiscales del TSJC consideraran en un informe que no había delito en el 9N y, a los dos días, presentaran la querella por indicación de la Fiscalía General del Estado.
"La Fiscalía actúa con principio de unidad y de jerarquía interna, y la querella la interpuso la Fiscalía en Cataluña. Es verdad que toma la decisión a través de la Junta de Fiscales de Sala", ha defendido Catalá.
