El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha abierto juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la causa que investiga el origen de su patrimonio, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y corrupción entre particulares.
En el auto, conocido este miércoles, el juez Antonio Serrano-Arnal descarta, sin embargo, añadir una supuesta falsedad continuada e insolvencia punible, tal como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación.
El magistrado, que también abre juicio contra una veintena de personas, físicas y jurídicas, requiere a Rato para que en el plazo de un día preste una fianza de 65,1 millones de euros a fin de garantizar su posible responsabilidad civil.
El pasado 1 de marzo, el titular del juzgado decidió procesar al exvicepresidente del Gobierno y a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.
En aquella lista faltaba el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, "amigo" y supuesto colaborador de Rato a ojos de los investigadores, aunque por error, ya que sí se encuentra entre los acusados que tendrán que sentarse en el banquillo.
La apertura de juicio oral se conoce apenas dos meses después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara para el exministro penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública que le atribuía, seis años por blanqueo, cuatro por insolvencia punible, otros cuatro por corrupción en los negocios, y tres por falsedad documental.
No obstante, el juez deja ahora fuera del procedimiento los supuestos delitos de insolvencia punible y falsedad continuada, al entender que en ningún momento ni las pesquisas ni la propia causa se han centrado en tales infracciones.
Se trata, por tanto, "de evitar acusaciones sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de los acusados".
Once delitos
Rato será juzgado como autor de once delitos contra la Hacienda Pública entre los ejercicios 2005 y 2015, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares en la concesión de las campañas publicitarias de Bankia a las agencias Zenith y Publicis en su etapa al frente de la entidad.
La Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria.
A esta última cifra habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.
También ve "indicios racionales" de que el exministro, siendo presidente de Bankia, cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a bolsa, que se habrían derivado a diversas sociedades logrando "difuminar el origen del dinero".
Junto a Rato, figuran entre otros como acusados por delito fiscal el abogado Domingo Plazas; el que fuera administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel Montero, o el ex secretario general de Teléfonica, Ramiro Sánchez de Lerín.
En el de blanqueo de capitales se encuentra también el que entonces era su cuñado, Santiago Alarcó, mientras que en el de corrupción entre particulares está Fernández Norniella, antigua "mano derecha" del exministro; la secretaria de Rato, Teresa Arellano; Miguel Ángel Montero; Domingo Plazas; el exdirector de Comunicación Externa de Bankia Miguel Robledo, y una de sus empleadas, Beatriz Colomer.
Por su parte, las sociedades Publicis y Zenith figuran asimismo como responsables penales por el delito de corrupción.
Fianzas
Asimismo, el juez impone más de 220 millones de euros en fianzas al conjunto de acusados, que deberán prestarlas en un día para asegurar futuras responsabilidades; de no hacerlo, el juzgado dictará el embargo de sus bienes. De esa cuantía, 65,1 millones deberán ser aportados por Rato, 40,4 millones por Domingo Plazas y 27,5 por Santiago Alarcó.
En el caso de Sánchez de Lerín, se ha fijado una fianza de 10,3 millones de euros; el auto prevé que su responsabilidad solidaria por los delitos supuestamente cometidos entre 2013 y 2015 se determine en ejecución de sentencia, con la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de Telefónica.
Dada la naturaleza de los hechos, la Audiencia Provincial de Madrid será el órgano encargado del conocimiento y fallo de la causa.
