Serret reafirma ante el TSJC su apuesta por la "negociación" con Cataluña
- La ex consellera de Agricultura en el gobierno de Carles Puigdemont se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones en el juicio que se celebra contra ella en el TSJC
La consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ha defendido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) su apuesta por la vía política y la "negociación" para resolver el conflicto catalán, tras admitir que facilitó el 1-O porque obedecía al "mandato democrático" del Parlament.
Serret, que era consellera de Agricultura en el gobierno de Carles Puigdemont que organizó el 1-O, se ha negado este miércoles a responder a las preguntas de las acusaciones en el juicio que se celebra contra ella en el TSJC por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir el referéndum unilateral, por lo que la Fiscalía le pide un año de inhabilitación.
La acusada, de ERC, ha ceñido su declaración a un alegato político para insistir en que el conflicto catalán "solo se puede resolver a través de la política, la negociación, el respeto a las partes y la democracia", una día después de recibir las críticas de la exconsellera Clara Ponsatí y eurodiputada de Junts por su decisión de regresar a España y entregarse al Supremo.
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Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la DUI, volvió a España en marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, quienes tuvieron un papel similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.
Según ha esgrimido la consellera republicana ante el tribunal, las decisiones que tomó como miembro del Govern de Carles Puigdemont respondieron "siempre" a su deber de "ser leal, dar respuesta y obedecer los mandatos de las mayorías parlamentarias y democráticas" tras las elecciones que dieron la victoria a la coalición de JxSí.
"Me reafirmo en que el 1-O no fue un delito, votar no es un crimen", ha recalcado la consellera, que ha proclamado su derecho a "defender y ganar políticamente" su proyecto político "independentista y republicano".
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En una velada réplica a las críticas de Ponsatí y Junts por cuestionar las reformas penales impulsadas por el Gobierno con el apoyo de ERC para suprimir el delito de sedición, Serret ha sostenido que en Cataluña existe un "conflicto político que solo se puede resolver a través de la política".
En ese sentido, ha criticado que por parte de algunos sectores "ideológicos" se haya pretendido "judicializar" y "criminalizar" un proyecto político "legítimo" como es el independentismo así como "anular la vía política, negando al debate a las instituciones democráticas y parlamentarias".
Para la consellera de ERC, "lo que vivimos es un conflicto político de raíces de democráticas" que vivió una "escalada" tras la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, una resolución que a su entender "despreció la legitimidad del legislador español y catalán" y "cerró la vía política y democrática".
Serret se ha mostrado convencida de que el derecho a la autodeterminación de Cataluña "es un derecho vigente" que se basa en una "reivindicación sostenida por una parte importante de la sociedad catalana para poder decidir su futuro político. Y el referéndum del 1-O es expresión de ese principio de soberanía democrática", ha agregado.
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Tras las elecciones que dieron luz al gobierno de Puigdemont, ha afirmado, el ejecutivo catalán tuvo que "hacer un juicio ponderativo" entre el mandato del Parlament y los requerimientos del TC para que paralizara el referéndum.
"Mi propia acción como miembro del Govern fue intentar siempre ser coherente con el deber de ser leales al Parlament y dar repuesta a la mayoría parlamentaria y al mandato democrático", ha reiterado, tras insistir en que convocar un referéndum "no es una vulneración de derechos de nadie".
Serret se ha remitido además a las "voces" de organismos internacionales que han defendido que "el derecho a la libertad de expresión y opinión incluye también el derecho de los pueblos a decidir libremente" su futuro.
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La consellera ha expuesto su alegato en respuesta a una única pregunta de su abogado, Iñigo Iruin, quien en el trámite de cuestiones previas ha pedido al tribunal que expulse a la Abogacía del Estado de la causa, al entender que carece de legitimación para ejercer la acusación particular puesto que no es perjudicada en una causa por desobediencia.
La Abogacía del Estado ha defendido su derecho a formar parte de la causa contra Serret porque "el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública", argumento que han apoyado tanto la Fiscalía como Vox, que ejerce a acusación popular en el caso.
El tribunal ha anunciado que resolverá en sentencia la cuestión sobre la legitimidad de la Abogacía del Estado, decisión que ha criticado Iruin, al considerar que de esa forma la sala está "aceptando implícitamente" su presencia en el proceso.
