El Fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado que las diligencias abiertas por la Fiscalía de Madrid para determinar las circunstancias del contagio de ébola a la auxiliar de enfermería, no implican que se haya cometido un delito ni ningún tipo de responsabilidades.
En declaraciones a los medios tras entregar la Memoria del Ministerio Público al presidente del Senado, Pío García Escudero, Torres-Dulce ha dicho que la investigación abierta por la Fiscalía de Madrid para recabar información con el fin de determinar si existe o no conducta delictiva alguna obedece a una "práctica común".
No obstante, ha precisado que eso "no implica ni la presunción de que se ha podido cometer un hecho delictivo ni ningún tipo de responsabilidades". "Simplemente es un hecho notorio que merece que el Ministerio Fiscal inicie recogida de información y reflexión acerca de los hechos". ha añadido.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado datos al Ministerio de Sanidad, así como al Hospital Universitario Fundación Alcorcón, donde la auxiliar de enfermería fue atendida inicialmente, y al Hospital Carlos III, donde está recibiendo tratamiento.
EL SINDICATO DE ENFERMERÍA DENUNCIA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una denuncia por "diversos delitos derivados de las acciones y omisiones atribuibles a los responsables políticos" en la gestión del caso de la auxiliar infectada por el virus del ébola.
En un comunicado, el SAE indica que, como conclusión del seguimiento que viene efectuando de la situación creada tras el contagio de Teresa Romero con el virus del ébola, esta misma mañana ha formalizado una denuncia por "diversos delitos" en la gestión de la crisis del ébola.
Según el sindicato, se han puesto de manifiesto "acciones y omisiones atribuibles a los responsables políticos de la Consejería de Sanidad y, en su caso, del Ministerio de Sanidad", con relación a las posibles responsabilidades derivadas del contenido de los protocolos y los fallos en su aplicación.
En su escrito a la Fiscalía, el SAE "detalla paso a paso todo lo ocurrido y solicita que la Fiscalía admita su demanda y la incorpore a su investigación, de modo que la organización pueda ser parte activa y pueda tener acceso a la información de la investigación", añade.
El SAE insta a la Fiscalía a la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados, al considerar que "pueden revestir delito tipificado en el Código Penal".
Respecto a las declaraciones del consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, "acusando a Teresa de haber mentido -ha dicho-", desde el SAE consideran que "pueden ser igualmente delictivas", pero entrarían "en el ámbito de delitos privados que sólo son denunciables por la propia víctima", en este caso por la paciente o su familia.
Díaz considera que un político "no puede criminalizar, ni acusar, aunque sea de su cosecha propia, a la persona contagiada de ocultar información, ni tampoco poner en duda su capacidad para aprender a poner el traje, y recuerda que se trata de "un problema de salud pública, que afecta a toda la población".
"Queremos que la Fiscalía inicie la investigación y que seamos parte, es la única manera de entrar en el proceso y estar informado de las diligencias", ha concluido.
