El acuerdo judicial pactado del "caso Pallerols" ha desatado hoy una sucesión de demandas de dimisión del líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, mientras su partido pedía disculpas pero al tiempo descartaba cualquier cese al entender que actuó de "buena fe" porque "desconocía" los hechos.
El acuerdo por el que UDC acepta devolver los 385.000 euros desviados de subvenciones públicas para la formación de parados -que evita la celebración del juicio y libra a los condenados de entrar en prisión-, ha provocado una reacción en cadena de los partidos políticos, que han pedido a Durán que asuma su responsabilidad.
Su partido, Unió Democrática de Catalunya, ha descartado que miembros de la dirección o el propio Duran -que hoy ha viajado a Chile para participar en unas jornadas democristianas como líder de UDC- abandonen su cargo con el argumento de que "desconocían" los hechos, aunque lamenta "la situación generada" y pide disculpas.
La portavoz de UDC Marta Llorens ha asegurado que este partido "no está condenado por financiación irregular", de manera que no se da la premisa para que Duran cumpla con lo que afirmó en 2000, cuando dijo que dimitiría si se demostraba que era responsable de financiación irregular en su formación.
Llorens ha precisado que UDC sí asume la "responsabilidad civil" de algunos dirigentes de Unió, ahora apartados del partido, que cometieron "actos ilícitos", por lo que el partido devolverá los fondos a través de un crédito.
En cambio, los partidos catalanes han reclamado la dimisión de Duran como máximo responsables del partido, mientras que el Gobierno de la Generalitat, por boca del conseller de Territorio, Santi Vila (CDC), ve "absolutamente necesario" que UDC dé explicaciones sobre este caso.
ERC, que acaba de firmar un pacto de gobernabilidad con CiU, ha reclamado a Duran que sea "consecuente" con su palabra, que es el "principal patrimonio que tiene una persona", y dimita, y ha avisado de que acuerdos judiciales como el de ayer dan una "imagen penosa".
El portavoz del PSC, Jaume Collboni, ha pedido en declaraciones a Efe la dimisión de Duran tras escuchar las explicaciones de la portavoz de UDC, que ve "incoherentes y una tomadura de pelo". El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho comprender la "indignación" ciudadana.
El PPC ha reclamado a Duran que sea "coherente" y cumpla con la "promesa" de presentar su dimisión y pida "perdón". La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cree que pactos como el de ayer "no se deberían producir en política", y ha precisado que Duran debería dimitir por "coherencia" y "responsabilidad política".
ICV-EUiA cree que la dimisión de Duran no sería "suficiente" y ha presentado en el Parlament una propuesta de resolución para que éste sea cesado de todos los cargos que ostenta en representación de la Generalitat y se retiren las subvenciones a UDC y sus fundaciones.
Ciutadans ha pedido el cese de Duran "por dignidad política", mientras que la CUP ha denunciado que la corrupción "tiene un trato privilegiado".
Desde el mundo sindical, el secretario general de CCOO en Cataluña, Joan Carles Gallego, ha denunciado que hay una "doble vara de medir" en la justicia: para los ciudadanos corrientes y para aquellos con poder económico o político.
La causa del "caso Pallerols" se inició en 1999 en un juzgado de Barcelona, pero no fue hasta 2005, concluidas ya las diligencias de investigación, que la juez instructora la envió al Tribunal Supremo para que decidiera sobre la imputación de los aforados Josep Sánchez Llibre y Pere Grau, diputados de UDC en el Congreso.
El Supremo sobreseyó la causa respecto a las personas aforadas en 2005 y la remitió a la jueza instructora de Barcelona, que acordó el archivo también para el resto de imputados.
Pero la Audiencia de Barcelona, a raíz de un recurso presentado por la Fiscalía, reabrió en noviembre de 2006 el caso y lo envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al figurar el ahora diputado del PPC en el Parlament Enric Millo entre los imputados.
El caso se envió en 2010 a juicio, después que el TSJC archivara las diligencias abiertas contra el aforado y las partes presentaran sus escritos de acusación y defensa, pero la vista oral no fue señalada en la Audiencia de Barcelona hasta enero de 2012.
En este contexto, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado trato de favor hacia los acusados de desviar fondos para la financiación de UDC, pero ha admitido que es "escandaloso" que se haya tardado tantos años en instruir el caso.
