El fiscal exculpa a la infanta pero reclama 587.413 euros de los que se benefició

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha solicitado hoy al juez del caso Nóos, José Castro, que archive la causa respecto a la infanta Cristina por inexistencia de indicios racionales de criminalidad, aunque pide que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros.

En el escrito de acusación de 576 páginas que ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en la causa por el desvío de fondos públicos al instituto que presidió el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, Horrach pide que se abra juicio oral contra 14 imputados y que se archive provisionalmente la causa para otros 6, entre ellos la hermana del Rey.

19,5 AÑOS DE CÁRCEL PARA URDANGARÍN Y 3,5 MILLONES DE MULTA

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide una condena de 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarín por el caso Nóos y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.

En el escrito de calificación de 576 páginas que ha entregado hoy al juez José Castro, el fiscal solicita que se juzgue por el caso Nóos a catorce personas, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarín y Diego Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, responsable de personal de la entidad, y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.

Para Urdangarín seis años de cárcel por malversación en concurso medial con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; dos por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; seis por delitos contra Hacienda, y dos por blanqueo.

Reclama además que sea condenado a pagar una multa de 3,5 millones de euros y a quince años de inhabilitación absoluta y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como a seis años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

También pide que asuma el pago de una responsabilidad civil de unos 1,47 millones de euros, además de responder como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con su esposa, hasta la cuantía de 587.413 euros.

Para Torres, el fiscal pide 16 años y 6 meses de cárcel (seis por presunta malversación en concurso con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; dos por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; tres por delito contra Hacienda y dos por blanqueo, así como 3,8 millones de euros de multa.

Igualmente pide que asuma el pago de una responsabilidad civil de unos 1,47 millones de euros y que responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con su esposa, hasta la cuantía de 1.144.240 euros.

Horrach considera que Urdangarín y Torres lograron que el Instituto Nóos fuera adjudicatario de "ingentes cantidades" de dinero procedente de fondos públicos, eludiendo de forma ilícita la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, mediante el uso fraudulento de convenios de colaboración.

Si la autoría intelectual de los proyectos corresponde a Torres, el fiscal atribuye a Urdangarín la vertiente institucional y comercial y el aspecto deportivo de algunas iniciativas, ya que era "el gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios".

Posteriormente desviaban el dinero a empresas de su propiedad con facturas por servicios ficticios que a veces incluso duplicaban, hasta un total de 5,8 millones de euros entre 2004 y 2007. Torres obtuvo 2,6 millones de beneficios y Urdangarin 1,8, según los cálculos de Horrach.

Había empresas sin plantilla y empleados ficticios que trasvasaban de unas a otras sociedades y las sociedades cruzaron facturas entre sí hasta por 8 millones de euros, relata en su escrito.

Urdangarín y Torres crearon además presuntamente una estructura societaria fiduciaria opaca en un paraíso fiscal para ocultar a los verdaderos beneficiarios y obtener beneficios fiscales.

Para Ana María Tejeiro pide dos años de prisión por blanqueo de capitales y una multa por el valor de los bienes blanqueados que asciende a 961.666 euros.

El fiscal reclama una condena de dos años de prisión para el que fuera contable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, cuñado de Torres, y una multa de 470.900 euros. Para calcular su pena, el fiscal tiene en cuenta la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia porque presentó un escrito relatando las prácticas corruptas del grupo Nóos.

Urdangarín presidió el Instituto Nóos desde el 23 de septiembre de 2003 hasta el 20 de marzo de 2006, si bien el fiscal considera que su cese y abandono del cargo fue "sólo aparente, ya que siguió vinculado a dicha asociación y desarrollando labores para ella al menos hasta mediados del año 2008".

Él y Torres crearon la entidad para "contar con la cobertura que brindaba una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro" y usarla para acceder a ayudas, subvenciones y convenios de colaboración con entidades públicas, "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" a las que presuntamente se dedicaban y "evitar suspicacias por parte de terceros" al financiarse básicamente con fondos públicos.

Los socios eran los "líderes indiscutibles" del Instituto Nóos y conformaban "un círculo cerrado de toma de decisiones" del que mantenían apartados a los demás, según el escrito del fiscal.

La esposa de Torres, Ana María Tejeiro, y sus cuñados Miguel y Marco Antonio Tejeiro, eran subordinados como responsables de recursos humanos, secretario y gestor jurídico, y contable, respectivamente.

EL FISCAL CONSIDERA EL PAPEL DE LA INFANTA DE ELEMENTO DECORATIVO

El fiscal considera que los otros dos miembros del Instituto Nóos, el secretario de las infantas Carlos García Revenga como tesorero, y la infanta Cristina como vocal, "eran simples elementos decorativos" para dotar de apariencia exterior de solvencia a dicha entidad, dada su posición social e institucional, pero "no intervinieron en la gestión ni desarrollaron labor alguna".

La presentación del instituto como entidad para realizar investigaciones, con apariencia de solvencia técnica y científica y simulación de búsqueda del interés social sin ánimo de lucro "no era más que humo", según el fiscal.

Nutrir de recursos económicos procedentes de organismos públicos las entidades mercantiles propiedad de Urdangarín y Torres era "el verdadero objetivo".

Acusa también al expresidente del Govern y del PP balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas; al ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester, al exdirector de la Fundación Illesport de Baleares, Gonzalo Bernal, al exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet.

De la trama valenciana pide que se abra juicio contra el exsecretario de Turismo de la Comunidad Luis Lobón, el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Jose Manuel Aguilar, el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Elisa Maldonado.

El fiscal también acusa a la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016 Mercedes Coghen. Pide 6 años y medio de prisión para la ex consejera delegada por beneficiar fraudulentamente con unos 114.000 euros de fondos públicos a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), que presidía Iñaki Urdangarin

Deja fuera a seis imputados: la infanta Cristina, Miguel Tejeiro (secretario del Instituto Nóos), al asesor fiscal Salvador Trinxet; el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el ex director general de la Fundación Madrid 2016 Miguel Ángel de la Villa y su ex director financiero Gerardo Corral.

ROCA DESTACA QUE EL FISCAL AVALA QUE LA INFANTA NO TIENE RESPONSABILIDAD PENAL

El abogado de la Infanta Cristina Miquel Roca ha afirmado este martes que Fiscalía "avala" que ella no tiene responsabilidad penal en el caso Nóos, tras el escrito presentado por el fiscal Pedro Horrach, y la defensa presentará inmediatamente al juez la petición de sobreseimiento.

En declaraciones a las puertas de su despacho, ha asegurado que se pagará inmediatamente el dinero que pide el fiscal --Anticorrupción reclama que la Infanta haga frente con su marido, Iñaki Urdangarin, a una fianza de 587.413 euros--: así, la Infanta pretende cubrir su responsabilidad civil sobre "hechos que se han atribuido a su marido", según Roca.

Al preguntársele si cree que el juez puede acabar llevándola a juicio pese a la petición del fiscal, el abogado ha respondido que "en buena ley no debería producirse esta situación", y ha insistido en defender que ella no debe sentarse en el banquillo de los acusados, más allá de la posible aplicación de la doctrina Botín para ella.

REACCIONES PARTIDOS

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha expresado este martes su "respeto" a la acción de la Fiscalía en el llamado 'caso Urdangarín', después de que haya pedido 9 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarín por desviar más de seis millones públicos y haya solicitado archivar la imputación de la Infanta Cristina. Según ha añadido, el asunto está "sub iúdice" y hay que esperar a la decisión de los tribunales.

"Respetamos la acción de la Fiscalía y de los jueces, como no puede ser de otra manera", ha declarado Floriano en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido archivar la imputación de la Infanta Cristina, sobre quien pesan dos delitos fiscales en el marco del caso Nóos, al recriminar que se le acuse en base a "sospechas" y a un "raquítico 'pudo saber'", algo que a su juicio la sitúa en una "posición de indefensión".

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha saludado este martes que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach no haya alcanzando un pacto con el duque de Palma Iñaki Urdangarin en el marco del 'caso Nóos' y ha augurado que el juez que instruye la causa, José Castro, "no será tan benevolente ni tan tolerante" con la infanta Cristina como, a su juicio, ha sido el ministerio público.

En declaraciones en el Congreso, la diputada de UPyD Irene Lozano ha recalcado que, a juzgar por cómo ha llevado la instrucción, "todo indica" que Castro "no va a ser tan benevolente y tan tolerante" con la actuación de la infanta "como lo es el fiscal". También ha señalado que, en todo caso, los delitos se dirimen en el juicio y no en la fase de instrucción.

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, considera que el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, ha hecho el "ridículo profesionalmente" y ha "puesto en cuestión el sistema" al exonerar a la infanta Cristina en el 'caso Nóos' a la vez que pide casi 20 años de cárcel para su marido, Iñaki Urdangarin, con el que la infanta del Rey compartía al 50 por ciento la empresa Aizoon.

En una rueda de prensa en el Congreso, Centella ha señalado que es "absurdo" pensar que la hermana del Rey "no conocía" lo que hacía su esposo cuando "hasta firmaba cosas" como copropietaria de la citada sociedad y ha establecido un paralelismo entre su situación y la de la exministra Ana Mato, a la que el juez Pablo Ruz ha señalado como beneficiaria a título lucrativo de las actividades de la trama Gürtel en la que está implicado su exmarido.