Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles siempre que lleven empadronados en España un mínimo de 90 días o, en su defecto, que acrediten su situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales. Así lo recoge el borrador que ha presentado hoy la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles'.
Montón, que ha presidido hoy su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el único punto del orden del día del acceso universal a la sanidad pública, ha asegurado que en 2012 no existía ninguna razón que justificara la exclusión sanitaria que se plasmó en el real decreto.
Residir un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social son las "garantías" que establecerá el real decreto para que no haya "agujeros negros", de tal forma que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite se quede desatendido.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha admitido que desde entonces las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero esto ha ocurrido de una manera "no armónica y desigual", por lo que ha considerado que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".
La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012. Esta reforma retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' (unos 840.000), de forma que se les excluyó de la atención primaria -excepto a menores y a embarazadas- y se limitó su asistencia a los servicios de urgencias.
En este sentido, Montón ha recordado que distintos organismos internacionales han constatado que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es "menos gravosa" que la que se realiza a través de los servicios de urgencias y ha rechazado, como argumenta el PP, que la universalidad suponga un sobrecoste a las Comunidades Autónomas porque todas ellas están proporcionando ya esa atención.
La ministra de Sanidad confía en poder implementar esta medida "lo más rápidamente posible" y ha dicho que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las Comunidades. Se trata, según Montón, de sustituir "todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad".
Montón ha dicho que de esta reunión han salido con unas "ideas básicas" para llevar adelante la norma y ha explicado que propondrá la creación de una Comisión Mixta para hacer seguimiento de su implementación tal y como hizo en la comunidad valenciana en su época de consejera.
Montón ha recordado que como consejera llevaba tres años pidiendo, junto con la mayoría de las Comunidades Autónomas, la eliminación de la exclusión sanitaria y ha considerado una "proeza" que en tres semanas como ministra se haya celebrado un Consejo Interterritorial con este tema como único punto del orden del día.
LOS CONSEJEROS DEL PP PIDEN FIJAR EL COSTE DE LA UNIVERSALIDAD
Los consejeros de Sanidad de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Murcia, Madrid, La Rioja o Galicia, han reclamado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se fije cúal sería el coste económico derivado de devolver la asistencia sanitaria universal, mientras que los responsables socialistas les han recordado que "no hace falta" memoria económica porque las comunidades autónomas, con diferentes fórmulas, ya atendían a los irregulares.
Un 'leit motiv' de los consejeros 'populares' durante sus intervenciones ante la prensa ha sido reivindicar que todas las comunidades autónomas habían conseguido, con distintas combinaciones y normas, atender a los excluidos por el Real Decreto-Ley 16/2012. En este punto, han coincidido con representantes de administraciones socialistas, como el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, quien ha recordado, no obstante, que estas fórmulas fueron impugnadas por el Tribunal Constitucional.
Enrique Ruiz Escudero (Madrid), Manuel Villegas (Murcia) o María Martín (La Rioja) han incidido en que el problema de la universalidad "ya está resuelto" y que no es "uno de los problemas más acuciantes". En su opinión, el debate debe acompañarese con una memoria económica que fije el coste real, y "no puede ir desligado" de la mejora de la financiación autonómica, ya que, tal y como han recordado, son las propias administraciones regionales las que tienen la competencia en este ámbito.
Por eso, el consejero gallego, Jesús Vázquez Almuiña, ha dicho que el Consejo "se ha quedado corto". A esta idea se ha unido el consejero canario, José Manuel Baltar, que ha recordado a Montón que "no se olvide" del monográfico que ya estaba acordado para tratar la financiación, ya que es "importantísimo", y ha confiado en que se celebre "antes de que acabe el verano".
Al respecto, Barceló ha asegurado que la ministra es "consciente" del problema de financiación, pero que "depende del calendario que tenga y de cómo vayan los presupuestos, pero es uno de sus retos y la ministra conoce perfectamente la situación".
Particularmente Escudero y Villegas han criticado que sus comunidades autónomas tienen problemas de financiación "serios". En suma, se han quejado porque la ministra haya antepuesto la resolución de la vuelta de la asistencia sanitaria universal antes que esta cuestión, y han recordado a Montón que, cuando era consejera valenciana, hizo de la falta de financiación una de sus causas más importantes.
En última instancia, los consejeros del Partido Popular han lamentado que el documento-borrador entregado hoy por el Ministerio es "inespecífico" y "poco concreto". "El documento recoge principios generales pero no establece aspectos específicos. Por tanto, pedimos que nos diga qué criterios se van a seguir a la hora de devolver la asistencia sanitaria, cuál va a ser la aportación farmacéutica y qué va a pasar con el turismo sanitario", ha reclamado Vázquez Almuiña.
Coincidiendo con el consejero gallego, Escudero ha defendido que para abordar este asunto "se tenía que haber tenido la documentación con más tiempo", y que ésta tuviese "más contenido en profundidad" de lo que realmente quiere plantear el Ministerio para recuperar la asistencia universal integral. "Si para las comunidades autónomas no ha sido un problema, creo que hubiese sido muy importante que el Ministerio fije cuál es el criterio de universalidad que tiene, y que esté perfectamente definido", ha señalado el consejero madrileño, recordando en este punto que la prestación sanitaria es "muy amplia". Partiendo de esa base, considera que "lo importante" es "un respaldo normativo" sobre universalidad y una memoria económica de su impacto.
