El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado a juicio la última pieza de Gürtel que quedaba en instrucción, por la que se sentarán en el banquillo 26 personas por delitos contra la Hacienda Pública, entre los que se encuentran Francisco Correa, los responsables del Grupo Correa, sus asesores fiscales, empresarios y presuntos testaferros.
Una decisión que llega apenas unas semanas después de que el Tribunal Supremo confirmase, aunque con ligeras variaciones, la sentencia de la primera época del caso Gürtel, probablemente la más mediática.
Tras concluir hace unos meses la investigación del caso, el magistrado envía a juicio la que es la última pieza de esta macrocausa que quedaba en su juzgado, donde también investiga por otro lado una parte de los llamados "papeles de Bárcenas", que se reabrió hace unos años.
El juez procede contra el supuesto líder de la red, Francisco Correa; y su segundo, Pablo Crespo -ambos en prisión desde hace años cumpliendo largas condenas por otra piezas del caso y a quienes impone el pago de fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros-, así como a otras 24 personas más. La suma total de lo reclamado asciende a 199 millones.
De la Mata, que también envía a juicio a 20 empresas como responsables civiles subsidiarios, les sienta en el banquillo por hechos que podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra la Hacienda pública, continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
En esta pieza, de la que ya fueron eximidas 28 personas por falta de indicios, se han investigado, por un lado, los delitos contra Hacienda que pudieran haber cometido Correa y Crespo al ocultar el patrimonio conseguido presuntamente de actividades ilícitas investigadas en otras piezas, y por otro, su estrategia de ocultación y blanqueo.
En relación a Correa, el magistrado cree que ha quedado acreditado que las cantidades multimillonarias que ha obtenido las percibió ocultándolas a través de una compleja estructura societaria y financiera. Nunca declaró esos fondos a Hacienda y, de hecho, no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas.
También Crespo, según el magistrado, habría ocultado una parte del dinero que procedería de su intermediación en adjudicaciones irregulares y de inversiones realizadas con Correa y servicios prestados al mismo. Lo hizo, según el auto, a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las empresas que gestionaba.
Con ellos serán juzgados sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín (ya condenados en otras ramas de Gürtel), así como empresarios y supuestos testaferros que habrían participado en la operativa para eludir pagos al fisco y ocultar los recursos económicos de los investigados.
El magistrado considera que De Miguel y Balín deben ser imputados como cooperadores necesarios en las defraudaciones tributarias imputadas a Correa y Crespo a la vista de la posición que han desempeñado en el diseño y desarrollo de las estructuras societarias, con un papel, dice el juez, "absolutamente relevante en el diseño de la defraudación". "Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal", dice el magistrado, y añade que ambos sabían que los entramados que crearon "solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública".
Para el juez, "lo relevante no es que colaboraran con Correa y Crespo en la creación de la maraña societaria, sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente (siempre a los efectos limitados de esta resolución), que estamos ante entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos".
