El juez Baltasar Garzón ha asegurado que asume todas y cada una de las decisiones adoptadas en relación a la intervención de las comunicaciones en prisión a los imputados del "caso Gürtel y sus abogados, y ha asegurado que no se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió.
Así lo ha recalcado el magistrado, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, en su turno de última palabra en el juicio en el Tribunal Supremo por ordenar las mencionadas escuchas, que ha concluido y ha quedado visto para sentencia a las 17:43 de esta tarde.
"Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad", ha afirmado Garzón, tras reiterar que eran la única vía posible para evitar que la trama siguiera delinquiendo desde prisión. El juicio queda visto para sentencia.
LA FISCALÍA JUSTIFICA LAS ESCUCHAS
La Fiscalía ha sostenido que la orden de Baltasar Garzón de grabar a imputados del "caso Gürtel" y sus abogados en prisión estaba justificada por los indicios de delito que pesaban sobre "los sujetos de las escuchas" -los cabecillas de la red-, en casos como el de Marta del Castillo. "Los indicios se exigen para el sujeto de las escuchas, no para el sujeto pasivo aunque fueran letrados", ha dicho la fiscal Pilar Fernández Valcarce en su exposición final ante el Tribunal Supremo, en el que ha pedido la absolución del magistrado.
El Ministerio Público considera que Garzón no cometió los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales que le imputan las acusaciones, ya que considera que la legislación no prohíbe expresamente grabar las conversaciones con los abogados si así lo requiere la investigación de delitos graves, como es el blanqueo de capitales. La representante del Ministerio Público ha considerado también que el auto en el que Garzón dictó la medida dejó a salvo el derecho de defensa desde el primer momento, argumento suficiente para descartar la existencia del delito de prevaricación que supone tomar una decisión injusta a sabiendas de que lo es.
"Se hace una prevención del derecho de defensa y esto es una manifestación demostrativa de la voluntad" del magistrado de velar por ese derecho, ha dicho la fiscal, que ha sostenido también que la decisión de Garzón no puede ser calificada de "irrazonable" o "injusta a todas luces".Por su parte, el fiscal Antolín Herrero ha reprochado a las acusaciones que en sus intervenciones "no hayan dejado títere con cabeza" al criticar a la Fiscalía, Instituciones Penitenciarias, a la Policía y hasta al Colegio de Abogados.
Según Herrero, la legislación atribuye el juez instructor la competencia para salvaguardar los derechos fundamentales de todas las partes de un proceso y, por tanto, en este caso es a Garzón a quien le correspondía esa función. Una función que cumplió en el auto en el que ordenó las escuchas y posteriormente al encargarse del expurgo de las conversaciones.
PELÁEZ: GRABAR A LOS ABOGADOS FUE BURDO, PREVARICADOR Y CONTRARIO A DERECHO
El abogado Ignacio Peláez, autor de la querella contra Baltasar Garzón por ordenar las escuchas del "caso Gürtel", ha dicho hoy que grabar las conversaciones que mantuvo en la cárcel con los cabecillas de la trama fue burdo, prevaricador y contrario a derecho, y ha negado que represente a nadie del PP. En la exposición de su informe final en la tercera y última sesión del juicio a Garzón, Peláez, abogado en el "caso Gürtel" del constructor José Luis Ulibarri, ha salido al paso de esta forma de quienes le acusan de representar a los imputados de la trama.
"La querella la pone Ignacio Peláez, letrado y perjudicado. Este letrado no representa al PP, ni defiende a ningún miembro del PP, se representa a sí mismo. El ofendido por el delito soy yo mismo", ha asegurado el abogado que solicita 10 años de inhabilitación para Garzón por prevaricación y violación de las garantías constitucionales.
Al comenzar su intervención, Peláez ha querido aclarar que por su condición de exjuez y exfiscal de la Audiencia Nacional no le ha resultado nada grato poner una querella a un antiguo compañero, pero que no podía evitar denunciar "que se estuvieran violando" sus derechos constitucionales. Ha lamentado además la "más absoluta soledad" que se encontró al presentar esta querella, con la que pretendía no sólo defender sus derechos, sino también el ejercicio de la abogacía, ante lo que ha echado en falta al Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía.
Ignacio Peláez ha pedido amparo al Tribunal Supremo para que, además de condenar a Garzón, ponga los límites a la violación de un derecho fundamental tan importante como el de defensa y ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía, al insinuar que lo que pretende es conseguir a través de este proceso la nulidad del "caso Gürtel".En este sentido, ha señalado que no tienen ninguna alegría ni ningún deseo de que se condene de forma ejemplar a Garzón, sino que pide que se establezcan límites porque "el fin no justifica los medios"."Lo que no puedo aceptar es ir a un locutorio con un bolígrafo y un folio y tener que escribir lo que quiero decir mi cliente. Me siento absolutamente vigilado, como si estuviera en un Estado policial", ha recalcado.
Igualmente, ha sostenido que cuando visitó en la cárcel a los cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, el 25 de febrero y el 6 de marzo, fue expresamente llamado por los internos, extremo amparado por la Ley General Penitenciaria, y que así consta en la causa, por lo que no necesitaba "ningún permiso" del juez en contra de lo que se ha dicho. Además ha lamentado el "bochorno" que ha tenido que pasar al haberse escuchado en la vista, aunque a puerta cerrada, fragmentos de las conversaciones que mantuvo con Correa y Crespo, en los que comentaba que conocía a una fiscal de la Audiencia Nacional.
CHOCLÁN: GARZÓN ORDENÓ GRABAR A LOS ABOGADOS "COMO SI TODOS FUERAN CORRUPTOS"
El abogado José Antonio Choclán ha dicho hoy que, al autorizar las escuchas a los cabecillas de la trama Gürtel en prisión y a sus abogados, Baltasar Garzón dio "un cheque en blanco a la policía para investigar lo que quisiera", como si todos los letrados personados en la causa "fueran corruptos".
Choclán, que representa al presunto responsable de la trama, Francisco Correa, y que solicita 17 años de inhabilitación para Garzón, no ha ahorrado calificativos para los autos en los que Garzón ordenó primero y prorrogó después las escuchas, de los que ha dicho que son "una barbaridad jurídica" y una "monstruosidad" que "hace temblar los cimientos del Estado de Derecho". "Se decidió escuchar a todos los abogados. A los personados, a los que se pudieran personar y a los que fueran expresamente llamados por los internos", ha dicho Choclán, que ha señalado que la finalidad de las escuchas "era investigar, obtener datos de utilidad para la causa a través de la confesión que pudiera hacer el interno" sobre la base de la confidencialidad abogado-cliente.
Para el letrado de la acusación, la tesis esgrimida por Garzón de que la intervención de las comunicaciones tenía como objetivo que la organización delictiva no siguiera moviendo sus fondos desde la cárcel se ha construido posteriormente, para justificar su actuación.
