Las defensas de los líderes independentistas presos han emplazado hoy a la Fiscalía a revisar la imputación de rebelión y el encarcelamiento preventivo, ante el "nuevo contexto" que se abre a raíz del relevo al frente del ministerio público y tras la decisión del tribunal alemán. Los abogados de los investigados por el "procés" que están en prisión preventiva han comparecido hoy en una rueda de prensa, en la que han anunciado que solicitarán en bloque a la sala de lo penal del Tribunal Supremo que excarcele a los encausados, una vez la justicia alemana ha descartado extraditar por rebelión al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Las defensas han comparecido conjuntamente ante la prensa, con lo que han lanzado una imagen de unidad tras veladas fricciones en los últimos días debido a los rumores de posibles acuerdos con la Fiscalía, y han insistido rotundamente en que no es "posible ni deseable" un escenario de pactos en la causa del "procés", situación que Xavier Melero, abogado del exconseller Joaquim Forn, ha tildado de "horizonte absurdo".
Tras la decisión de la justicia alemana de extraditar al expresidente catalán sólo por malversación y el relevo en la Fiscalía General del Estado, las defensas han pedido al sistema judicial una "relectura más prudente" de la prisión preventiva y de la imputación por rebelión, pese a ser conscientes de que la decisión de Alemania no tiene "repercusión directa en términos legales" sobre la causa del "procés".
Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, ha apelado directamente a la Fiscalía, "ante el nuevo contexto" con los cambios en su cúpula, y le ha recordado que tiene una "oportunidad" para revertir el "desprestigio que se producirá si se mantiene esa situación desproporcionada": es un "win win", ha añadido el letrado. "En el nuevo contexto de la Fiscalía se puede entender que ellos también pueden resolver un problema propio", ha añadido Van den Eynde, que cree que la nueva situación es una oportunidad para el ministerio público "si quieren dejar de ser criticados y comparados con los estados menos democráticos de Europa".
Pese a que todas las defensas han dejado claro que esta apelación a la Fiscalía es sólo un "desiderátum" y que no tienen ningún "input" en el sentido de que el ministerio público vaya a rebajar sus planteamientos, Van den Eynde se ha mostrado "confiado" en que se mueva ficha con el nombramiento de María José Segarra como fiscal general del Estado.
Las defensas también han criticado la posibilidad de que el juicio por el "procés" acabe con un banquillo en que Puigdemont se enfrente a penas de cinco años por malversación mientras otros líderes independentistas se expondrían a 30 por rebelión.
Para Jordi Pina, abogado de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del exlíder de la ANC Jordi Sànchez, eso sería "algo muy difícil de explicar a millones de ciudadanos en España".
Por su parte, Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, ha subrayado la contradicción de que los líderes de las entidades soberanistas se encuentran en prisión sólo por el delito de rebelión que la justicia alemana ha descartado, ya que al no formar parte del Govern no se les imputa malversación. Roig ha celebrado que el tribunal de Schleswig-Holstein, a diferencia de la justicia española, haya "ponderado" que la acusación de rebelión "colisiona con el ejercicio de los derechos fundamentales" y ha arremetido contra la Fiscalía y el Supremo por estar "criminalizando la movilización ciudadana".
Las defensas de los independentistas presos han anunciado que la semana próxima presentarán ante la sala penal del Supremo recursos para pedir la libertad de sus clientes, ante la nueva situación que se abre una vez la causa ha dejado de estar en manos de Llarena por haberse acabado la instrucción.
También han recurrido la decisión de Llarena de suspender de sus funciones como diputados a los cargos públicos que están en prisión preventiva procesados por un delito de rebelión. Según Xavier Melero, la imagen de unidad exhibida hoy por las defensas responde a su intención de "visualizar ese mínimo ético y jurídico" compartido por todos, que, ha insistido, son letrados con una concepción de la política y una opinión sobre la Fiscalía y el Supremo "totalmente diferentes".
Los letrados han coincidido en negar cualquier acercamiento a la Fiscalía en busca de pactos: "ni antes, ni después, al menos para Cuixart, yo no tengo que negociar absolutamente nada, no se ha cometido ningún delito", ha asegurado Marina Roig.
Melero también se ha expresado con contundencia al afirmar que "ninguna negociación en el ámbito de la rebelión y la sedición y la malversación es posible ni deseable". "Con un pacto sobre malversación condenaría a mis representados a la ruina perpetua y personal segura. Es un horizonte absurdo", ha recalcado Melero, que cree aún más "inimaginable" un acuerdo en el delito de desobediencia, puesto que no lleva aparejada prisión y es irrelevante.
