Castilla y León pide una prórroga de la norma que obliga a dar de alta al alumnado de FP

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha remitido dos cartas a los ministerios competentes en las que solicita la derogación de la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de Formación Profesional o la moratoria de la entrada en vigor hasta el año 2025.

La consejera, Rocío Lucas, participó en la tarde de este miércoles en la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, donde ha solicitado garantías de la calidad formativa y titulación del alumnado de prácticas Rocío Lucas se ha mostrado contraria a la implantación inmediata de esta norma que puede desincentivar la participación de empresas e instituciones en la formación del alumnado universitario y de FP.

La Junta considera, además, que va a suponer un alto sobrecoste, por lo que exige que se financie esta medida, tanto el gasto de las cotizaciones, como los medios personales para atender su gestión "La protección que se merecen nuestros estudiantes requiere un sistema fiable y viable para evitar efectos perversos que puedan hacer peligrar las prácticas curriculares y las titulaciones", ha señalado Lucas.

Por ello, la Junta de Castilla y León ha solicitado al Gobierno central que se convoque al comité técnico para "poder implantar esta medida de manera homogénea en todo el territorio, conocer y estudiar los resultados del grupo de trabajo de pilotaje y disponer de un sistema de gestión efectivo, técnicamente viable y ensayado", ha detallado Lucas.

Según explica la Junta en un comunicado recogido, la norma, que entra en vigor el próximo 1 de enero, puede desincentivar a las empresas o instituciones y poner así en peligro el sistema de prácticas. Este es, según Castilla y León, uno de los posibles efectos no deseados de la nueva normativa tal y como está planteada.

Asimismo, la Consejería de Educación considera que esta norma debe garantizar una seguridad jurídica. En este sentido, la titular del departamento educativo de la Junta ha destacado que la administración debe asegurar que "los estudiantes de Castilla y León puedan titular, que sus prácticas sean de calidad. "No podemos pedir a nuestros jóvenes que renuncien a formarse por no poder cotizar, lo que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables como, por ejemplo, los que están cobrando la prestación por desempleo o cualquier subsidio", ha añadido.

Se trataría de una situación "igual a la que vivirán los alumnos que cursan certificados emitidos por las consejerías de Empleo y tampoco pueden cotizar".

En definitiva, la Junta de Castilla y León considera que la implementación de esta normativa va a suponer un incremento exponencial del trabajo de gestión en los centros educativos, en las direcciones provinciales y en los servicios centrales, lo que provocará a su vez un sobrecoste que, una vez más, tendrán que soportar las comunidades autónomas.

"Unos gastos adicionales que son mayores a los que estima el Ministerio, por lo que exigimos que se financie esta medida, tanto en el coste de las cotizaciones, como en el de medios personales para atender la gestión de esta", ha finalizado Rocío Lucas.

Finalmente, en el turno de ruegos y preguntas, la consejera de Castilla y León ha solicitado que se convoque una reunión monográfica sobre el estado actual de la educación en todo el territorio nacional.