La Unión de Consumidores de España (UCE) ha denunciado ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a la Dirección General de Tráfico y la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) por lo que considera prácticas restrictivas de la libre competencia.
Según UCE, "gracias a la Dirección General de Tráfico (DGT), un grupo privilegiado de centros dirigidos por la Confederación Nacional de Autoescelas (CNAE) se reparte casi 40 millones de euros en el suculento negocio en que se han convertido los cursos para recuperar puntos o el carnet de conducir".
UCE denuncia un sobrecoste del 20% en dichos cursos, fruto del acuerdo entre la DGT y la Confederación de Autoescuelas.
También asegura que sólo el 4% de las autoescuelas están autorizadas para impartir estos cursos, cuyos precios oscilan entre 184 y 350 euros. Esto obliga a más 10 millones de ciudadanos a desplazarse más de 50 kilómetros de media para realizarlos.
La DGT decidió utilizar el régimen de concesión administrativa en mayo de 2006, después de aprobarse el carné por puntos, para elegir a las autoescuelas que iban a dar estos cursos los siguientes cinco años. En esa ocasión, algunas autoescuelas que no habían sido elegidas también recurrieron la decisión de Tráfico ante la CNC.
En 2009, Competencia archivó el expediente que había abierto a la DGT al considerar que no había violado la Ley de Defensa de la Competencia, ya que el régimen de concesión administrativo es legal. No obstante, en su resolución, la CNC señalaba que había "serias dudas respecto a si resulta justificado y proporcionado" utilizar ese sistema a la hora de elegir a las autoescuelas para dar los cursos "pudiendo recurrirse a otros regímenes alternativos menos restrictivos de la competencia".
Asimismo, en un informe posterior elaborado sobre el caso por Competencia, el órgano regulador señalaba que el régimen de concesión administrativa elegido por la DGT "no se ajusta a los principios de necesidad y proporcionalidad y de mínima distorsión" y recomendó la aplicación de un régimen alternativo como el de la autorización administrativa.
No obstante, en marzo de este año, pese a la recomendación de Competencia, Tráfico decidió renovar la autorización a los mismos 200 centros mediante el mismo sistema, lo que ha motivado que la UCE recurra ante el organismo regulador. "Se está obligando a muchos ciudadanos a pagar un sobrecoste de entre un 20 y un 30 por ciento. ¿Cómo es posible?", se ha preguntado en rueda de prensa el portavoz de UCE, Dacio Alonso.
Alonso ha calculado que alrededor de 600.000 conductores españoles han perdido ya más de seis puntos de su carné por cometer alguna infracción y ha indicado que todos ellos tendrán que pasar seguramente por algunos de estos cursos para recuperarlos. "En lugar de pagar lo que tendría que pagar --por recuperar sus puntos--, van a tener que pagar un sobrecoste", se ha quejado Alonso, quien ha considerado de "absoluta gravedad" en una "situación de crisis" que la DGT haya decidido "blindar" durante tres años más los "privilegios" de estas 200 centros.
RAZONES DE LA DGT
En una comparecencia ante la Comisión no permanente de Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados en marzo, el director de Tráfico, Pere Navarro, justificó la medida dado la dificultad de inspeccionar a "6.000 centros dando cursos de recuperación de puntos", razón por la que, según indicó, se optó por un sistema de concesión que limitaba a un centenar el número de centros que podían ofrecer esta formación. Además, en esa ocasión, destacó que los cursos de recuperación de puntos son algo "nuevo", "delicado", en lo que otros países habían tenido problemas, y que se quería "preservar".
Por su parte, el portavoz de UCE ha respondido estas declaraciones y ha señalado que en Francia, país que España utilizó como referencia para desarrollar el carné por puntos, el sistema está "absolutamente abierto", por lo que existe una libre competencia entre los centros a la hora de fijar los precios de estos cursos.
En cuanto a los motivos por los que se prorrogó el sistema tres años más, el director de Tráfico señaló en el Congreso que la legislación permite a la DGT hacerlo hasta cinco años y achacó a la proximidad de las elecciones la decisión de no cambiar de sistema de momento. "Nos parecía que a un año de las elecciones abrir un melón como este con todo lo que supone no nos pareció prudente", indicó Navarro, quien subrayó que un panorama de "miles de centros dando cursos de recuperación de puntos" es "complicado" de gestionar.
Con motivo de la comparecencia de Navarro en el Congreso, el portavoz del PP en la Comisión no permanente de Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados, Federico Souvirón, acusó a Tráfico de tener "intereses ocultos" en este asunto. "No sé que interés hay detrás de esta historia, porque el interés público o el interés general no creo que esté cubierto con este sistema de reparto", subrayó.
Por su parte, el portavoz del PSOE Carlos Corcuera consideró "grave" que el diputado del PP insinuara "intereses ocultos", lo que es "un delito que debería demostrar en cualquier caso". Además, indicó que los "cursos de recuperación de puntos son el eslabón más débil" porque si no se hacen bien, "pierde toda la credibilidad el sistema" y concluyó diciendo que "cuando una política funciona bien, lo razonable y lógico es mantenerla".
