La Comisión de Universidades del Congreso votará mañana martes el dictamen del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que incorpora la enmienda pactada entre Más País y el Gobierno para que los colegios mayores adscritos a universidades públicas no puedan segregar por sexos.
Entre las enmiendas negociadas por el grupo de Íñigo Errejón con el Ministerio de Universidades y los socios del Gobierno figura la de garantizar que los colegios mayores adscritos a las universidades públicas no puedan segregar por sexo y, de este modo, se ayude a evitar comportamientos sexistas como los colegio mayor Elías Ahuja, en Madrid.
El hecho de no estar adscrito a una universidad pública supone para los colegios mayores perder desgravaciones y otras ventajas de tipo cultural y deportiva.
43 colegios mayores en Madrid
Actualmente existen 120 colegios mayores en España, de los cuales 43 se sitúan en la Comunidad de Madrid. El 70 % de ellos son privados y el 50 % segrega por género, pese a estar adscritos a universidades públicas como la Complutense de Madrid.
El colegio mayor Elías Ahúja, conocido recientemente por un vídeo con contenido machista, está gestionado por la Orden de San Agustín y solo admite a estudiantes varones.
Otras enmiendas
Otras enmiendas transaccionadas por Más País y que previsiblemente se aprobarán mañana aluden a que la Universidad habrá de elaborar planes de adaptación al cambio climático con financiación específica para ello, así como reconocer el asociacionismo como derecho del estudiantado y favorecer su participación en la redacción de las normas universitarias.
De acuerdo con Más País también se blinda a las universidades para que su financiación sea suficiente para la prestación de un servicio de calidad, incluyendo los planes de estabilización de plantillas de profesorado, un sector muy precarizado hasta ahora.
La enmiendas negociadas también impulsan que la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito universitario se haga priorizando entidades del entorno local, y que se eliminen trabas burocráticas entre agencias regionales de evaluación y calidad para el reconocimiento de figuras del profesorado.