Prisión para un militar por teletrabajar desde España estando destinado en Reino Unido
- Mantuvo está situación irregular durante 8 meses sin dar cuenta a sus superiores
- Percibió 190.000 euros en concepto de complemento en el extranjero
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 8 meses prisión a un teniente coronel del Ejército del Aire que teletrabajó sin permiso 8 meses desde España estando destinado en Reino Unido, un plazo en el que recibió 190.000 euros en concepto de complemento en el extranjero, que tiene que devolver.
El oficial fue destinado en julio de 2020 al Grupo Aéreo de Combate, en el Acuartelamiento de la Fuerza aérea británica, y tomó posesión de su destino 1 de agosto. Cinco días después se registró como residente en el Consulado de Londres.
Como militar español con mayor empleo y antigüedad, desempeñó funciones como sénior del contingente nacional y entre sus deberes adicionales se incluía el ejercer de jefe de estado mayor durante las ausencias del titular o de su segundo.
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Pero el 5 de noviembre regresó a España sin contar con autorización ni para fijar su residencia ni para teletrabajar en España, donde estuvo hasta el 9 de julio de 2021, cuando viajó a Reino Unido para recibir al coronel que se incorporaba a la Base.
El Tribunal Militar Central le condenó a ocho meses de prisión por un delito de abandono de destino y residencia, un fallo que ahora ratifica el Supremo al no constar autorización alguna que respaldase su conducta, que se enmarcan en la pandemia de la Covid 19.
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Al respecto, el protocolo del Ejército del Aire explicaba que el personal destinado en el extranjero, seguirá las indicaciones de las autoridades sanitarias del país de destino y de la propia unidad, pero poniendo en conocimiento cualquier vicisitud a la Jefatura de Recursos Humanos "lo que a todas luces no ocurrió", dice la Sala.
Durante los ocho meses que estuvo en España sin autorización percibió unos 190.000 euros en concepto de indemnización de complemento en el extranjero, una cantidad que el Supremo dice que tiene el claro deber de restitución, aun cuando la Fiscalía no lo reclamó.
