La Policía Nacional ha detenido a 41 personas por suplantaciones y falsificaciones de identidad durante las pruebas impartidas por el Instituto Cervantes para conseguir los certificados de conocimientos e idioma requeridos en los trámites para obtener la nacionalidad española en la Comunidad de Madrid.
Algunos detenidos, que cuentan con elevados conocimientos en la materia, cobraban entre 500 y 1.500 euros para presentarse a las pruebas en lugar de los verdaderos aspirantes, informa la Policía Nacional.
La investigación arrancó en abril del año pasado cuando los agentes tuvieron indicios de suplantaciones de alumnos y falsificaciones de documentos de identidad en las pruebas del Instituto Cervantes para obtener el certificado de conocimientos socioculturales de España y la titulación de idioma español.
En la operación se establecieron cinco dispositivos en los centros donde se celebraban los exámenes en los que participaron 120 agentes.
Los mismos transcurrieron desde abril de 2021 hasta el pasado mes de enero en los centros examinadores donde los investigadores comprobaron la identidad de más de tres mil alumnos y detectaron un gran número de casos fraudulentos.
Los agentes averiguaron que personas interesadas en adquirir la nacionalidad española contrataban los servicios de otras con elevado nivel de idioma por una cantidad que oscilaba en torno a los 500 y 1.500 euros al no sentirse preparadas para la superación de las pruebas.
En el transcurso de los operativos se logró detectar 38 documentos de identidad falsos cuya fotografía estaba alterada y no se correspondía con el alumno inscrito a las pruebas, de tal forma que se presentaba en su lugar otra persona que fingía tratarse del aspirante real.
En otros casos se producían usurpaciones de identidad, de tal forma que los presentados al examen usaban el verdadero documento identificativo de la persona inscrita aprovechando su parecido físico y por tanto haciéndose pasar por ella.
Los operativos se saldaron con el arresto de 41 personas como presuntas responsables de los delitos de falsedad documental que han sido puestos a disposición judicial, si bien la investigación continúa abierta ante la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones.