Los obispos españoles han presentado un documento titulado Iglesia, servidora de los pobres en el que tachan la corrupción de "pecado" y de "grave deformación del sistema político" y reclaman "atajarla" cuanto antes.
"Nos duele a todos y nos hace sufrir ver todos los casos de corrupción por todas partes, ojalá pudiésemos atajarlo lo antes posible. Es una grave deformación del sistema político", ha subrayado el obispo de La Calzada-Logroño y presidente de la Comisión de Pastoral Social, Juan José Omella, al tiempo que ha reclamado "transparencia y honradez".
Según señalan los obispos en el texto, el origen de este "mal moral" que es "la corrupción" es "la codicia financiera y la avaricia personal". "La corrupción es una grave afrenta a nuestra sociedad, una conducta éticamente reprobable y un grave pecado", precisan.
Por otro lado, muestran su preocupación por los parados jóvenes y de más de 50 años, por la situación de los inmigrantes, el empobrecimiento espiritual y apuntan que los factores que explican esta situación son "morales, sociales y económicos". Entre estas causas, Omella ha citado "una economía sin rostro, unas ansias desmedidas por el dinero y una cultura del aquí y ahora en la que la solidaridad no tiene espacio".
Según ha indicado Omella, a pesar de que algunos datos "dicen que la crisis se está superando", ha afirmado que ellos no se conformarán hasta que estos signos de recuperación lleguen a los más necesitados.
Por ello, los obispos piden a los responsables de los gobiernos nacional e internacionales que "pongan en marcha acciones de tipo fiscal, de distribución de los bienes, supervisión de las instituciones bancarias y humanización del trabajo" para lograr "erradicar las causas estructurales de la pobreza".
Concretamente, proponen a los políticos "invitar a los empresarios a que creen empleo y lo mantengan" y llegar a un "pacto social contra la pobreza". A su juicio, "no se puede pensar que la actividad económica vaya a resolver todos los problemas sociales".
Pero la gran propuesta que hace el documento es un "pacto social contra la pobreza", en el que los cristianos tomen la iniciativa. Por ello, instó a "cultivar con esmero la conciencia sociopolítica de los cristianos para que sean consecuentes con su fe". "Los cristianos tenemos que estar en la vida pública para luchar por una sociedad más justa", aseveró.
En este sentido, Gil Tamayo insistió en no reducir la fe al ámbito íntimo. "No se deja fuera, no se reduce a las sacristías ni al interior de los templos. El espacio público no tiene que ser un espacio aséptico", porque los ciudadanos tienen derecho "a mostrar sus creencias" siempre "en respeto a los demás". "Los fieles, en el ejercicio de su voto, tienen que ser coherentes en el ejercicio de su fe".
Por ello, denunció que algunas comunidades autónomas pongan "trabas" para que los padres puedan elegir que sus hijos estudien religión, por lo que "optar por ello sea algo heroico", cuando se trata de un derecho constitucional. "Nos preocupa que no se haga la oferta adecuada", agregó en referencia a lo que consideran que tiene que ser una opción libre.
