La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra podría decidir este martes o miércoles sobre la puesta en libertad provisional o la prórroga de la situación de prisión para los cinco miembros de 'La Manada', condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual en los Sanfermines de 2016, pero absueltos de un delito de agresión sexual.
Este es plazo que manejan las partes personadas en el procedimiento, según han explicado en declaraciones a los medios tras asistir a la vista que se ha celebrado este lunes en el Palacio de Justicia de Pamplona y que se ha prolongado durante algo menos de una hora.
A la comparecencia, han asistido los tres miembros de 'La Manada' que están en el centro penitenciario de Pamplona, mientras que los otros dos, en una cárcel de Madrid, la han seguido por videoconferencia.
En la vista, el Ministerio fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra se han opuesto a la solicitud de puesta en libertad formulada por la defensa y han reclamado la prórroga de la prisión provisional.
En unas breves palabras ante los medios de comunicación, Miguel Angel Morán, abogado de la víctima, ha señalado que tiene una "buena" sensación" tras la vista y ha esperado que los condenados no sean puestos en libertad.
Por su parte, Víctor Sarasa, abogado del Ayuntamiento de Pamplona, se ha referido a la "gravedad de los hechos considerados probados" para rechazar la puesta en libertad y ha advertido del "riesgo de fuga" de los condenados. "Hemos solicitado que se reitere lo que ya se ha venido reiterando a lo largo de todo el procedimiento, que es la prisión provisional a la espera de la resolución de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra e hipotéticamente ante el Tribunal Supremo", ha explicado en declaraciones a los medios.
Por el contrario, el abogado de cuatro de los condenados, Agustín Martínez Becerra, ha afirmado que "lo ajustado a derecho" sería que el tribunal atendiera esta petición de la defensa y que "a partir de ahí siguiera el procedimiento judicial" hasta que se dicte sentencia firme.
Martínez Becerra ha apuntado que el tribunal debería tener en cuenta para tomar ahora su decisión "el propio contenido de la sentencia y el propio contenido de su auto" del 14 de julio de 2017. "En el auto se hablaba de la existencia de un riesgo de fuga teniendo en consideración las altísimas penas que se pedían. La pena mínima eran 22 años y 10 meses. Teniendo en cuenta que la pena ha sido de nueve años y que ya llevan dos años en prisión, entendemos que no cabe plantear la existencia del riesgo de fuga como tal", ha señalado.
