El magistrado Jorge Fernández Vaquero, portavoz y representante de Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha declarado que su asociación se suma a la petición de la inmediata dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras las "deslegitimaciones" vertidas contra los jueces a raíz de la revisión de determinadas condenas por delitos contra la libertad sexual.
Al igual que la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria considera "inadmisible y grave" que desde el Gobierno se declare "que los jueces hacen una interpretación torticera de la ley". Según Fernández Vaquero, "no se puede atribuir a los jueces una aplicación torticera de la ley, nos parece especialmente grave. Son ataques de deslegitimación de los jueces ante la sociedad”.
Los tribunales ya han rebajado al menos 11 condenas de abusos sexuales por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad, y han excarcelado a cinco personas. Asimismo, este jueves se conocía que el abogado de 'La Manada' ultima un recurso para bajar la pena a uno de los condenados con la ley.
Ante la revisión de penas, el magistrado declara que "no era difícil adivinarlo, era algo que se sabía que podía pasar". Sin embargo, rechazan "absolutamente" las declaraciones de Montero sobre "la interpretación machista que hacen los jueces". "Una cosa es que la delegada del Gobierno considere que se hace una interpretación de la ley que quizá no es la que esperaban y que es posible otra forma de interpretar, y otra cosa es por motivos inaceptables en democracia como machismo o estereotipos".
"Es especialmente grave y pensamos que la responsabilidad última es de la ministra Irene Montero que ha asumido este discurso como propio", explica Fernández Vaquero. "En un contexto de continuos ataques y deslegitimación de los jueces en la sociedad".
"Ahora mismo hay 300 jueces y magistrados reunidos y acabamos de aprobar una exigencia de responsabilidad política a la ministra mediante su dimisión por tratar de atribuir una aplicación torticera de la ley a los jueces españoles en la ley de garantía y libertad sexual. Pedimos la dimisión y que asuma su responsabilidad política".
Los magistrados de Asociación Judicial Francisco de Vitoria creen que "es difícil revertir la situación que se está dando hoy con la revisión de estas penas porque es difícil dar marcha atrás por el juego de la retroactividad en la norma más favorable, teníamos una norma, pero si entra en vigor la más favorable y se aplica, y ahora se modifica para endurecerla ya no sería más favorable y no podríamos aplicarla".
"La propuesta para reformar el delito de sedición sí que acota el alcance de la revisión y esta regla transitoria no existe en la ley de garantía de la libertad sexual, ese es parte del problema porque ha permitido que la extensión de la revisión sea quizá mayor de lo que pudo pensar el Gobierno", concluyen.