El número especial de la boda de Tamara Falcó se vendió rápidamente en los quiscos el lunes, pero a medida que pasan los días, sus ventas cayeron significativamente según los comerciantes. Apuntan como causa la filtración del último número de la revista a través de grupos de WhatsApp, con un documento en formato PDF que se ha viralizado a gran velocidad.
La cabecera, que tiene los derechos de comunicación del evento en exclusiva, no solo adelantó su salida al lunes, sino que también aumentó su tirada, que se agotó ayer en apenas unas horas. Pero no contaba con el pirateo a través de la aplicación de mensajería instantánea, un incidente que ya les ha causado serios perjuicios económicos.
“Sabemos que es difícil rastrear el origen del pirateo. Lo grave es el medio a través del que se están distribuyendo estas copias ilegales y su alcance. En este caso, ese medio es WhatsApp”, explica Rafael Juristo, abogado de la revista, en conversación con El País. “Tienen responsabilidad por permitir lo que ocurre dentro de su entorno. Por eso vamos a iniciar un requerimiento particular”, anuncia el letrado.
Paloma Llaneza, abogada experta en ciberseguridad, ha explicado en 120 Minutos por qué esta denuncia tendrá poco recorrido: “Whatsapp, aunque de facto funcione como una red social, no lo es, es un sistema de mensajería que está cifrado punto a punto, y Meta establece que no tiene conocimiento del contenido de las comunicaciones, así que cualquier pretensión de demandarla por la transmisión de esos PDF está lamentablemente abocada al fracaso”.
En relación con la responsabilidad individual de consumir y compartir el contenido, tampoco sería sencillo, siendo una cuestión de la propiedad intelectual: “Una persona que tenga una cuenta de WhatsApp que retransmita el PDF, si no recibe a cambio una cantidad de dinero, un lucro económico, que es lo normal, no infringe el Código Penal. Sí que comete una infracción de propiedad intelectual, pero con el número de personas que están ahí, no hay casos en España donde se persiga el usuario final”.
Si hubiera sido a través de una red social como Facebook o Twitter, sí hubiera existido una posibilidad de controlar el contenido. “Estas entidades están sujetas a un principio del buen samaritano. No son responsables del contenido a no ser que alguien le pida que lo retire”, concluye.