El 3 de marzo saltan todas las alarmas en Madrid al fallecer por coronavirus una anciana de 99 años en el Hospital Gregorio Marañón. La mujer procedía de la residencia para la tercera edad de La Paz.
Dos días más tarde, al menos once mayores y una auxiliar de enfermería del mismo centro dan positivo por Covid-19.
A raíz de estos casos, el 6 de marzo, las Consejerías de Políticas Sociales y Sanidad establecen un protocolo para estos centros que consiste principalmente en aislar a los ancianos con síntomas.
El 8 de marzo, se restringen las visitas a los residentes y el 12 de marzo el consejero de sanidad anuncia la medicalización de los centros de mayores para que los enfermos puedan ser atendidos en las propias residencias
Pero el virus empieza a descontrolarse y el 17 de marzo se notifica la muerte de diecinueve ancianos. Todos pertenecientes a la residencia Monte Hermoso.
A partir de ese momento, los brotes se multiplican en varios centros de la región y los hospitales ya están colapsados de pacientes. De ahí la difícil gestión de la situación y una polémica creciente sobre cómo actúa el Gobierno regional en la gestión de esta crisis en las residencias.
Ahora mismo, el Ejecutivo regional se enfrenta a varias demandas, algunas de ellas ya en manos del Supremo.
