Bolaños: “Hemos hecho nuestras las recomendaciones de la Comisión de Venecia que avala la Ley de amnistía”
"Esta ley se entenderá mejor seguramente dentro de unos años”, ha asegurado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El borrador de informe final de la Comisión de Venecia sostenía que la ley de amnistía no debía diseñarse para cubrir a personas específicas
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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha comparecido ante la prensa para dar detalles del texto de la Ley de Amnistía pactada con los independentistas.
Bolaños ha señalado que la ley "llena de orgullo" al Gobierno porque es un paso valiente y "una gran noticia para Cataluña y para toda España", que "marca historia".
Ha reiterado que la ley de amnistía tras los cambios sigue siendo "impecable" desde el punto de vista constitucional y respecto a la normativa europea y ha resaltado que además ha incorporado las recomendaciones del borrador de informe de la Comisión de Venecia.
Bolaños ha asegurado que “hemos hecho nuestras las recomendaciones de la Comisión de Venecia que avala la Ley de amnistía. Es una ley europea”.
“Se va a convertir en un referente internacional”, ha añadido.
El ministro ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado por los independentistas catalanes para que pueda salir adelante y ha afirmado que “esta ley se entenderá mejor seguramente dentro de unos años”.
El gobierno justifica los cambios esgrimiendo el informe de la Comisión de Venecia que se difundió hace unos días, aunque es sólo un borrador del dictamen final que hará la Comisión.
Bolaños afirma que la ley es completamente constitucional, la Comisión de Venecia afirma que no es competente para determinar la constitucionalidad de la norma, y lo deja en manos del Tribunal Constitucional.
Venecia dice claramente que la ley de amnistía no debe diseñarse para cubrir a personas específicas, en clara referencia a Puigdemont.
El borrador reprocha la tramitación. No debió hacerse como una propuesta legislativa porque limita la consulta al público y a otras instituciones estatales, en referencia al Consejo de Estado, ni por procedimiento de urgencia. Y que debería aprobarse con una mayoría cualificada, porque en el Congreso tendrá casi a la mitad de la Cámara en contra.