¿Llega la solución para los propietarios de viviendas del Plan 18.000?
- Los votos de todos los grupos han sacado adelante por unanimidad la enmienda de adición firmada por el PP a las proposiciones de PSOE y Más Madrid para darle una salida
- Los vecinos, unos 8.000, piden un acuerdo con “un precio justo, bien valorado y para evitar la especulación”, y así evitar que se cumpla el plazo de los 75 años de cesión que permitiría echarles de sus casas
Los propietarios de viviendas del Plan 18.000 quedarán excluidos de los pactos de la Villa. Así lo ha aprobado por unanimidad el último pleno del Ayuntamiento de Madrid. Más 8.000 propietarios de estas viviendas protegidas habían denunciado que les pedían un precio "desorbitado" por el suelo municipal donde están construidas sus casas.
El 3 de mayo se abre la mesa de negociación entre los grupos del Ayuntamiento de Madrid y los afectados del Plan 18.000, un programa municipal de los años 80 y 90 para construir viviendas protegidas en suelo público cedido por el Consistorio.
Los afectados por el Plan 18.000 reclaman precio de suelo protegido
Esta semana el pleno de Cibeles aprobaba por unanimidad dejar sin efecto el pliego que permitía la venta libre del suelo.
Los afectados creen que es un primer paso para poder ser propietarios de pleno derecho a un precio justo.
Hasta 2018, el Ejecutivo municipal había publicado varios pliegos para que los vecinos pudiesen comprar el suelo, ya que el terreno es propiedad del Ayuntamiento. Los precios que se publicaban eran más bajos que los que regía el mercado libre por ser protegidos.
Sin embargo, en 2020, todos los grupos municipales que conforman el Pleno municipal firmaron los Acuerdos de la Villa. En ellos, se estableció que "ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños y de la ciudad de Madrid".
Los vecinos piden un acuerdo con “un precio justo, bien valorado y para evitar la especulación”, y así evitar que se cumpla el plazo de los 75 años de cesión que permitiría echarles de sus casas.
